Esta es la vaina, por Teodoro Petkoff
La decisión del ministro de la Defensa, quien comenzó con ello a ejercer sus funciones de superalcalde de Caracas, de autorizar la concentración de esta tarde en Chuao, subraya la absoluta arbitrariedad, así como también la inviabilidad política de los decretos militarizadores de la ciudad. Apenas unas horas después de dictados estos, el gobierno echó atrás en la primera oportunidad en que iban a ser puestos a prueba. Ha sido, sin duda, un acto que pone al desnudo la necesidad de reconsiderar la medida. La desmesura de ella es tan evidente que insistir en aplicarla sólo podrá generar serios conflictos en todos los órdenes de la vida urbana.
Los decretos están inspirados en la Ley de Seguridad y Defensa de 1976, que plantea limitaciones y restricciones a actividades políticas, económicas y de cualquier otra índole en las regiones fronterizas, por razones obvias en el caso de la frontera con Colombia. La posibilidad de que el narco o la guerrilla pudieran adquirir propiedades en esas áreas, que sirvieran de base para sus operaciones, tenía que ser vigilada y controlada por nuestro Estado. De allí las disposiciones sobre transacciones inmobiliarias y también el rol que se atribuye al Ministerio del Ambiente en esas regiones ecológicamente frágiles. Pero, trasladar esa normativa a las complejidades administrativas y de orden público, así como económicas, de una ciudad como Caracas es un verdadero disparate, que hace pensar en segundas intenciones.
Hacerlo, además, en un ambiente tan pugnaz como el que hoy existe, dando un tratamiento policial antes que el político a los asuntos de orden público no puede sino empeorar las cosas. Se ha procedido a la machimberra en un caso en que, ya con el antecedente de la marcha del 11 de julio, cuya ruta fue concertada entre oposición y gobierno, una muestra de sentido político y de disposición al diálogo por parte del gobierno habría sido la de discutir la cuestión de las «zonas de seguridad» con la oposición. Como, por cierto, se hizo en 1995, cuando un decreto que limitó las áreas para manifestar en Caracas fue consultado y concertado con los partidos políticos. Eso sería lo sensato hoy y el paso atrás del gobierno debería ser también el primero en el sentido de derogar la barbaridad cometida.
