Espacio Público registró 42 violaciones a la libertad de expresión en junio de 2023
Espacio Público recordó las detenciones y posteriores excarcelaciones de dos campesinos en los estados Mérida y Trujillo, tras denunciar las fallas de combustible que afectan el traslado de las cosechas a los centros de consumo
La ONG Espacio Público contabilizó 42 violaciones a la libertad de expresión, resumidos en 16 casos, durante el mes de junio de 2023, siendo la ciudadanía los más afectados por intimidaciones y amenazas.
20 de las 42 violaciones a la libertad de expresión que registró la ONG fueron actos de intimidación, junto con ocho de amenaza, seis de hostigamiento judicial, cinco de censura, dos de hostigamiento verbal y una agresión.
Las principales víctimas en junio fueron personas particulares (11) y periodistas/reporteros (10) de un total de 28 víctimas contabilizadas, así como 11 detenciones por ejercer la libre expresión (ocho particulares y tres trabajadores públicos).
20 de los victimarios pertenecen a alguna estructura del Estado: 10 cuerpos de seguridad, siete instituciones y tres funcionarios o funcionarias, junto con un grupo victimario afín al partido de gobierno.
Espacio Público recordó las detenciones y posteriores excarcelaciones de dos campesinos en los estados Mérida y Trujillo, tras denunciar las fallas de combustible que afectan el traslado de las cosechas a los centros de consumo.
También en el estado Trujillo, específicamente en la ciudad de Valera, la ciudadana Mariana Barreto Falcón fue detenida el 14 de junio por denunciar irregularidades en el suministro de gasolina de una estación de servicio que pertenece a su familia.
La ciudadana fue acusada de los presuntos delitos de traición a la patria, boicot y de vender gasolina a personas allegadas, hechos que desmintieron sus familiares y personas allegadas, ya que «ni administra ni trabaja en la bomba». La tía de la víctima aseguró que Barreto reclamó la falta de gasolina y fue encarada por las autoridades, quienes la amenazaron.
Mientras que en Puerto Ordaz, estado Bolívar, el Tribunal de Primera Instancia de Juicio del Trabajo decretó una medida cautelar que le restringe a 22 trabajadores y trabajadoras de la empresa estatal Siderúrgica del Orinoco (Sidor) su derecho al trabajo, huelga y libertad de expresión.
