Espacio Público contabilizó 30 violaciones al derecho a la libertad de expresión en mayo
Espacio Público aseguró que «la criminalización, las restricciones a la prensa y la falta de acceso a la justicia reflejan la gravedad del retroceso democrático que atraviesa Venezuela»
La ONG Espacio Público registró 30 violaciones al derecho a la libertad de expresión durante el mes de mayo, lo que dijeron representó un incremento en comparación con el mes de abril, cuando contabilizaron 34.
La organización documentó desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, actos de hostigamiento, restricciones al trabajo periodístico y criminalización del trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Detallaron en el informe publicado en su web, que hubo 17 víctimas en 13 hechos contra la expresión y afirmaron que los principales responsables fueron los cuerpos de seguridad (9) e instituciones del Estado (4).
«En mayo aumentó 160% el número de casos y se mantuvo el patrón de persecución, con especial énfasis en la censura impuesta por diferentes vías», destacó la ONG Espacio Público.
El informe publicado por la organización en su web agrupa entre las detenciones las del abogado Eduardo Torres, integrante de Provea, el médico Omar Vergel, la abogada Merlina Carrero, el periodista Carlos Marcano y decenas de encarcelamientos que se dieron -según señalaron- «sin presentar pruebas», pese a que las autoridades los involucraron con un supuesto plan para sabotear las elecciones regionales que se realizaron el pasado 25 de mayo.
Espacio Público destacó que muchos de estos detenidos están bajo desaparición forzada y no han podido tener acceso a sus abogados de confianza.
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Menos cobertura periodística
Espacio Público afirmó que el día de las elecciones regionales hubo impedimentos al trabajo periodístico y agresiones contra trabajadores de la prensa; sin embargo, dijo que disminuyeron las agresiones contra estos trabajadores, en comparación con otros procesos electorales, dado también por el descenso en la cobertura por parte de los medios de comunicación, motivada por el miedo y la persecución durante los meses previos a los comicios.
En Caracas, el periodista Daniel Garrido y su equipo de Telemundo fueron abordados por civiles sin identificación en la avenida México, quienes los obligaron a mostrar sus credenciales. A TalCual se le impidió el ingreso a un centro electoral, efectivos del Plan República le manifestaron que solo podían entrar y tomar declaraciones los equipos de VTV, bajo el argumento de que solo los medios del Estado podían hacer cobertura.
La periodistaBeatriz Adrián fue blanco de hostigamiento verbal por parte de la activista política Indira Urbaneja, tras reportar baja participación electoral en el Colegio Santo Tomás de Villanueva.
En los estados Mérida, Apure, Aragua y Táchira también hubo impedimentos para hacer la cobertura a periodistas.
Espacio Público también registró ataque contra organizaciones defensoras de DDHH. El pasado 26 de mayo, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, acusó a Provea, Foro Penal, Médicos Unidos de Venezuela y Maracaibo Posible de formar parte de una supuesta «estructura terrorista».
«Estas declaraciones agravan el patrón de criminalización contra organizaciones de la sociedad civil y pretenden desalentar la denuncia pública de arbitrariedades cometidas por el Estado», señaló la ONG, que resaltó: «La criminalización, las restricciones a la prensa y la falta de acceso a la justicia reflejan la gravedad del retroceso democrático que atraviesa Venezuela».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
