Espacio Público advierte que cerca de 20 mil empleos se perdieron por cierre de medios
Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, explicó que solo en el sector de la radio se perdieron 5.000 puestos de trabajo por el cierre de emisoras entre 2003 a 2022. A su juicio, lo que busca Conatel es poder reordenar el espacio radioeléctrico con miras a las elecciones de 2024
El director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, denunció que en casi 20 años se han perdido aproximadamente 20 mil puestos de trabajo, directos e indirectos, debido al cierre de muchos medios de comunicación por parte de quienes ostentan el poder.
Correa, quien fue entrevistado por Fedecámaras Radio el miércoles 8 de febrero, explicó que desde 2003 a 2022 fueron cerradas 285 emisoras; lo que representa un 25% aproximadamente del universo total de estaciones radiofónicas en el país que suman unas 700.
En ese sentido, solo en el área de la radiodifusión, el director de la ONG Espacio Público alertó que se quedaron sin empleo unas 5.000 personas entre directos e indirectos; mientras que recordó que Conatel cerró 85 emisoras tan solo en 2022.
Manifestó que el cierre de medios de comunicación, sobre todo de la prensa escrita, fue significativo debido al gran impacto que causó ese hecho en las regiones porque afectaron tanto en la información difundida como en el área económica.
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Correa hizo referencia a la situación que viven muchas emisoras de radio en el país, ya que una gran mayoría tiene sus concesiones vencidas y Conatel, a pesar de que han presentado toda su documentación y llevan a cabo gestiones para evitar su cierre, no se las actualiza, porque así puede mantener un fuerte y efectivo control contra este sector, admitiendo que en muchos casos existe un gran temor entre los empresarios radiales del país.
A juicio del director de la ONG Espacio Público, lo que busca Conatel es poder reordenar el espacio radioeléctrico con miras a las elecciones de 2024 para no tener medios que estén criticando la gestión del Ejecutivo, al igual que comentó que existen grupos económicos que las compran o alquilan para volverlas a favor del oficialismo.
La asociación civil Espacio Público compartió un informe donde detalla que contabilizaron un total de 470 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela durante 2022.
El organismo sin fines de lucro indicó que las restricciones para buscar, recibir y difundir información continúan siendo un patrón presente para la administración de Maduro, además, de la opacidad informativa «en medio de la crisis humanitaria compleja constituyen un obstáculo más en un contexto en donde no están garantizados los derechos fundamentales”.
Con información de El Impulso
