¿En qué se parece la sentencia del TSJ al Fujimorazo?
Autor: Luisa Quintero
Una de las máximas de la democracia se perdió en Venezuela. Lo que proclamaba Montesquieu, en su obra titulada “Del espíritu de las Leyes”, sobre un sistema de “controles y contrapesos” en el ejercicio del poder como una única manera de evitar las tiranías, tuvo como punto final la sentencia 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, difundida el 29 de marzo a las 9 de la noche.
En esa sentencia, sobre el poder que otorga el TSJ al Ejecutivo para la conformación de empresas mixtas sin la autorización de la Asamblea Nacional (tal y como lo establece la Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos), se estipula en el apartado 4.4 lo siguiente:
“Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”.
Este apartado de la sentencia del TSJ ha sido comparado con el Fujimorazo. Recordemos que fue el golpe de Estado que dio el entonces presidente Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992 en anuencia con las fuerzas militares y el poder judicial de ese país, para lograr la disolución del Congreso peruano, llamar a un proceso constituyente y promulgar una Constitución que le permitió quedarse ocho años más en el poder.
El abogado constitucionalista Gerardo Fernández es enfático. “Esto no es una sentencia, es una proclama política sin contexto jurídico emanado del órgano judicial (…) No puede haber ninguna explicación jurídica, no cumple los requisitos de una sentencia porque no satisface los requerimientos adjetivos procedimentales y sustantivos para catalogarse como sentencia”.
Pretende justificar y legitimar actuaciones del poder Judicial y el órgano ejecutivo que definitivamente están al margen del orden constitucional y de derecho en Venezuela, indica Fernández. “Esto constituye una dictadura judicial sobre el poder Legislativo en Venezuela, en defensa de un régimen dictatorial y totalitario”.
