En Mercabar usan redes sociales para burlar acción militar
Las mafias que operan en el Mercado Mayorista de Barquisimeto (Mercabar) utilizan las redes sociales para salvar la mayoría de la mercancía acaparada en galpones de las inspecciones militares, por lo que varios concesionarios del establecimiento dudan que la operación de «abordaje» que acaba de ordenar el gobierno tenga algún resultado positivo.
Concesionarios del mercado, donde existen 335 locales registrados y por donde se movilizan más de 25.000 toneladas de alimentos hacia diferentes estados, sobre todo del centro del país, indicaron que los operativos militares han resultado ineficientes, porque, entre otros mecanismos, los grupos que esconden los productos utilizan cuentas de Whatsapp para alertar sobre las inspecciones.
Cuando los efectivos de la Guardia Nacional o de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) llegan generalmente consiguen una parte de la mercancía escondida y sujeta a remarcaje, porque algunos comerciantes siempre se enteran previamente.
Concesionarios consultados por TalCual bajo condición de reserva, pues el mercado está sometido a control militar, manifestaron sus dudas sobre esta nueva operación, porque creen que puede ser «otra más» de las muchas que se han venido montando sin éxito real.
Los militares controlan por dos o tres semanas y luego se van -dicen los informantes- y después todo sigue igual.
La otra situación irregular es que, según indican los concesionarios, muchos minoristas ya no acuden directamente al mercado, sino que realizan sus operaciones en otros lugares, donde reciben la mercancía sin posibilidad de que se controlen los precios.
Esta variante de comercio mayorista informal también se gestiona a través de cuentas en redes sociales y con la presunta participación de efectivos militares, quienes aseguran la movilización de los productos sin inconvenientes.
Amenazados y atemorizados
Los concesionarios señalan que la distorsión de los precios no es un problema que se resuelve con la intervención de mercados, sino con una estrategia que suprima los vicios que existen en todas las cadenas de comercialización.
Los informantes reconocen que muchos productos llegan al mercado barquisimetano con costos remarcados y con guías de movilización «perfectamente falsificadas», lo que induce diferenciales de precios gigantescos.
Estas situaciones irregulares ocurren, y han venido pasando, bajo la mirada de las autoridades, incluso las militares, sin que los operativos e intervenciones hayan servido para resolver el problema de especulación con los precios.
El pasado martes 19 los concesionarios del Mercabar fueron convocados a una reunión donde participaron la autoridad militar a cargo del «abordaje», el general Joel Canelón, segundo comandante del ZODI, funcionarios del Seniat, la Sundde, la Superintendencia Nacional de Gestión Agropecuaria (Sunagro) y de la administración del propio mercado.
En este encuentro se les advirtió sobre una revisión exhaustiva de los certificados y permisos de cada concesionario. «Se nos dijo que si no teníamos los papeles en regla, sobre todo los códigos del Sunagro, seríamos desalojados del mercado», señaló uno de los concesionarios.
Los informantes apuntan que vienen recibiendo amenazas desde hace tiempo, por lo que operan «atemorizados». Sin embargo, esperan que este operativo no pase de ser otro más.
La operación de revisión comenzó el día 20 y los concesionarios consultados esperan decisiones para la próxima semana sobre los casos de comerciantes con problemas de permisería.
Precios imposibles
Según los concesionarios de Mercabar consultados, el sistema de «precios acordados» no ha funcionado y tampoco se han revisado las estructuras de costos, tal como lo establece la vigente Ley de Precios Justos.
Se quejan de que si aplican los precios que el gobierno quiere -establecidos el año pasado- tendrían que cerrar sus negocios de inmediato. Cada vez que reponen inventarios los precios saltan sobre 50%, en el mejor de los casos.
Mercabar es uno de los mercados mayoristas más importantes del país, ya que es un centro de acopio y distribución fundamental para la región central del país.
Los concesionarios reconocen la existencia de irregularidades, como el tráfico con efectivo y el remarcaje constante de precios, entre otras; sin embargo, señalan que no pueden trabajar con precios regulados que les impiden siquiera compensar los costos.
