El pensamiento bajo amenaza
Autor: Gioconda San Blas
Santiago Guevara, Rolman Rojas, Carlos Requena, Yoel Bellorín, Jorge Machado son algunos de los más de 430 presos políticos del régimen (los dos últimos liberados restrictivamente con medidas cautelares sustitutivas), cuya característica común es la de ser profesores universitarios, y quienes en uso de la libertad de expresión y pensamiento que garantiza la constitución vigente, han expresado sus ideas sobre el devenir del país, contrarias a las prácticas gubernamentales en uso. Ellos, entre otros, fueron sujetos de una declaración reciente de las Academias Nacionales en la que se aboga por “una patria libre de presos políticos, cualquiera sea su pensamiento o ideología… bajo la garantía y protección del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos”.
También sus casos y los referentes a los varios miles de estudiantes detenidos y a los asesinados en manifestaciones callejeras antigubernamentales son motivo de reclamo en el detallado informe elaborado por las comisiones de derechos humanos de diversas universidades nacionales y que lleva por título el que he tomado prestado para esta nota.
En 194 páginas repletas de datos fundamentados, la situación de la libertad académica y la autonomía universitaria en Venezuela es exhaustivamente analizada desde muchos ángulos. Los hechos descritos en ese informe permiten afirmar que “existe en el Estado un manejo deliberado de normas, políticas y prácticas… para suprimir la libertad académica y la autonomía universitaria… desde tres vertientes. La primera, destinada a crear un sistema paralelo de educación superior, sustentado en una nueva institucionalidad no autónoma y subordinado al proyecto ideológico del gobierno. La segunda, orientada a someter a las universidades autónomas, a través de la centralización de diversos procesos de gestión, la asfixia presupuestaria y la obstaculización de los mecanismos de autogobierno, tanto en lo que respecta a las autoridades como en lo relativo a la representación estudiantil. La tercera, dedicada a la criminalización, represión y persecución de los diferentes actores de la comunidad universitaria y de sus estrategias de defensa de la autonomía”.
El informe se pasea por los programas nacionales de formación en la educación superior para cumplir objetivos del I Plan Socialista 2007 – 2013, ahora Plan de la Patria 2013-2019, donde la investigación científica ha de estar al servicio de la construcción del Modelo Productivo Socialista y del fortalecimiento de la Ética Socialista.
También se revisa el nuevo modelo arbitrario de asignación de cupos, el cerco presupuestario, las prácticas coercitivas de la libertad académica aplicadas mediante sentencias judiciales sobre autoridades y profesores universitarios cuando expresan su opinión experta sobre temas sensibles que suponen el cuestionamiento de las políticas y gestión gubernamentales.
En ese recuento podemos seguir cómo una a una, las competencias rectoras de autogobierno en las universidades autónomas son asumidas ilegalmente por el ministerio de educación universitaria, en abierta violación de la Constitución vigente, que en su artículo 109 garantiza la autonomía universitaria. Como si todo eso no fuese suficiente, hay en curso una maniobra para subordinar el Consejo Nacional de Universidades (CNU) a un órgano ilegítimo y fraudulento como la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), “la cual empieza en los próximos días el debate de la Constituyente Educativa en los recintos universitarios”.
El informe cierra con una lista de 19 asignaciones a cumplir por el Estado, si quiere ponerse a derecho en lo relativo a las normas constitucionales y legales de respeto a la autonomía universitaria en todas sus facetas. En realidad, son 19 deseos, 19 aspiraciones imposibles de cumplir por quienes han hecho de la violación de las normas su razón de ser y su seguro de sobrevivencia.
TUITEANDO
Para interpretar con objetividad los resultados del 15 de octubre, recomiendo leer El nuevo Leviatán venezolano por Michael Penfold.
Solidaridad con RCR 750AM, su gerente general Jaime Nestares y su personal, ante las actuaciones de Conatel en su contra.
Sobre la indignante juramentación de los gobernadores adecos ante la inconstitucional ANC, recordemos a Winston Churchill: “Si uno se humilla ante un tirano para evitar la guerra, tendrá la humillación y tendrá la guerra”. Tal vez pensaba en su predecesor N. Chamberlain cuando lo dijo…
