El drama de las venezolanas víctimas de las mafias de trata en Perú
El pasado mes de junio, trabajadoras sexuales de nacionalidad venezolana, colombiana y ecuatoriana hicieron un plantón en la Fiscalía de Perú debido a las muertes y extorsiones de las que muchas han sido víctimas por parte de las mafias de trata que operan en ese país. En una marcha que realizaron hacia el Ministerio Público en compañía de otras organizaciones, con letreros que pedían educación, salud, derechos básicos, salud, identidad y trabajo para no exponer sus vidas en la prostitución, no fueron atendidas por ninguna autoridad
Desde hace más de un año las ‘mafias del sexo’, integrada por proxenetas colombianos y venezolanos extorsionan a las trabajadoras sexuales del Cercado de Lima, Lince, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho; y en los distritos de Lima Norte como Comas, Los Olivos y Puente Piedra. Allí las mujeres pagan cupos exorbitantes, que cada semana van en aumento, si desean seguir laborando y, si no lo hacen, pueden encontrar la muerte.
En septiembre de 2022, dos trabajadoras sexuales fueron asesinadas, una de nacionalidad ecuatoriana y la otra venezolana; otras cinco quedaron heridas. Dos criminales en moto desataron el terror en los jirones Cailloma y Zepita, en el Centro de Lima. Unos días después, ese homicidio se replicó en El Agustino: murió baleada en la cabeza una joven colombiana. Las mujeres se habían negado a pagar la extorsión para permanecer en el lugar y esa fue la respuesta de los delincuentes.
Los nombres de las organizaciones criminales varían: pueden ser ‘Los Gallegos’, ‘Tren de Aragua’ que opera en Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador y Chile, ‘Los Malditos de Carabobo’ o ‘Los Roleros de Caracas’. También está ‘La Dinastía Alayón’, que maneja las principales calles de la avenida Risso, en Lince. Todas se dedican al sicariato, a la venta de drogas y al proxenetismo.
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Las trabajadoras sexuales hicieron un plantón en la Fiscalía de Perú en junio pasado, pero las muertes y extorsiones continúan todos los días. No pueden trabajar en paz sin que cuiden su vida o que paguen los cupos. Otras se han limitado a quedarse en casa y atender a sus clientes de confianza en hostales donde no estén tomadas por estas ‘mafias del sexo’.
El distrito de Los Olivos se ha convertido en una de las ‘zonas rosas’ de Lima Metropolitana. Infobae
En la marcha en el Ministerio Público nadie salió a atender a las manifestantes. Asistieron, en compañía de otras organizaciones, con letreros que pedían educación, salud, derechos básicos, salud, identidad y trabajo para no exponer sus vidas en la prostitución.
“Están matándonos y el Estado indolente no hace nada. Estoy denunciando que hay mafias que se están instalando y cobran cupos a vista y paciencia de la policía y las autoridades”, dijo Ángela Villón, presidenta de la asociación de trabajadoras sexuales de Perú a The Associated Press.
Villón expresó que hay muchos más casos de asesinatos a manos de proxenetas, pero no son registrados porque no le interesa a las autoridades. Hasta el momento, los reclamos de las trabajadoras sexuales no han sido escuchados por ninguna autoridad mientras que las organizaciones criminales siguen tomando las calles para pedirles cupos.
Las capturas y la PNP
El pasado viernes 11 de noviembre de 2022, la Policía Nacional del Perú (PNP), en compañía de la Fiscalía, capturó a 30 integrantes de ‘Los Gallegos’, el brazo armado de la organización criminal ‘Tren de Aragua’, en una casa de Surco, y en otros domicilios en los distritos de San Martín de Porres, Los Olivos, El Agustino y en la región Trujillo.
Los delincuentes, acusados por los delitos de extorsión, trata de personas, explotación sexual agravada, sicariato y homicidio, eran dirigidos por hombre de nacionalidad venezolana que decidía la suerte de quien no quisiera pagar cupo. El pago de los cupos, en el caso de las trabajadoras sexuales, oscila entre 400 a 600 soles semanales.
Los criminales aprovechan la necesidad de sus connacionales venezolanas y colombianas para captarlas por las redes sociales, que llegan con el sueño de trabajar en Perú, pero cuando arriban son obligadas a prostituirse y pagar cupos.
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Pese al esfuerzo en capturar a los malhechores que se dedican a la trata y explotación de mujeres en Lima, la violencia contra las trabajadoras sexuales sigue escalando. Aunque estén en la cárcel detrás de ellos hay una decena de maleantes que siguen sus pasos. Incluso, en algunos casos los mismos policías exigen sexo gratis y un pago constante.
“La policía venía y nos subía a las más bonitas y nos llevaba a Chorrillos, en una casa, y nos metía allí con más policías y nosotras teníamos que atenderlos toda la madrugada. El sexo gratis. Todo era para ellos diversión y allí nos amanecían y nos dejaban botadas en la playa (…). Nos decían que si no queríamos ese trato teníamos que pagar”, recordó Leida en un testimonio a EFE.
En 2011, esta mujer fue torturada por tres suboficiales porque se había negado a pagar cupo. “Fue totalmente terrible. Me golpearon, me filmaron desnuda, me secuestraron. Dije ‘ya perdí’. (…) Yo sabía que nos mataban y pensé que ya me había llegado el momento”, manifestó en este caso que aún no se resuelve y está en manos de la justicia peruana.
El poco dinero que invierte el Estado
En el VIII Informe Alternativo que fue elaborado por Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo), en coordinación con la Defensoría del Pueblo, en 2022 se informó que el Estado solo invierte S/ 0.12 por ciudadano para protegerlo de la trata de personas, un gasto que se ha reducido en los últimos diez años.
“El informe revela que en el año 2015 el Gobierno nacional destinaba solo 14 millones de soles, equivalentes a S/ 0,43 por persona, para combatir la trata de personas en el país. Aunque de por sí ese presupuesto ya era exiguo e insuficiente, se redujo aún más y, en 2021, durante el periodo de pandemia, descendió a 4 millones de soles, lo que equivale a apenas 12 céntimos de sol por ciudadana/o, según las cifras del Presupuesto Público. Lo más preocupante es que en el año 2022, estos 12 céntimos de sol se mantienen, tornándose en el presupuesto más bajo de los últimos ocho años”, se lee en el documento.
La preocupación es porque no hay suficiente prevención ni mucho menos un registro único de víctimas con información de las denuncias, así como se desconoce qué sucedió con una víctima después que fue rescatada.
Con información de Infobae
