El COPP se queda, por Teodoro Petkoff
Chávez acepta reformarlo, pero «respetando la Constitución»
Informaciones obtenidas en el más alto nivel del gobierno y de la Asamblea Nacional nos permiten anunciar un giro de 180 grados en la tentativa de reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Parecía un hecho el que se respaldaría la solicitud de suspender la aplicación del COPP o su sustitución por una ley de emergencia contra la delincuencia. Pero no es así. Según las fuentes de TalCual, ayer en la tarde se celebró una reunión de la comisión mixta de parlamentarios, gobierno y sociedad civil encargada de la reforma donde «ya nadie habla de eso». Ni siquiera está planteado hacer modificaciones al «diabólico código» que pudieran contravenir los principios constitucionales de Derechos Humanos.
Todo apunta a que llegó el comandante y mandó a parar. La reforma sí va, pero se hará respetando el derecho al debido proceso y la presunción de inocencia consagrados en el polémico instrumento legal. El presidente habría dejado clara su opinión de defender lo que, por ahora, surge como el más legítimo y quizás, «históricamente hablando», el más permanente aporte de esta «revolución»: lo único en lo que la Bolivariana obtuvo consenso, que son sus principios vanguardistas de derechos humanos. Hay que reconocer que, en este sentido, la tendencia más progresista en el seno del oficialismo es la que encabeza el propio Chávez. Pero, aunque hoy pasaría a dominar el debate, aún no ha aplacado completamente a los que apuestan por un retorno al régimen inquisitivo.
Por la vida
Sin duda, la multitudinaria marcha convocada el lunes tuvo su efecto. Pero no el esperado por los protofascistas que aplauden los linchamientos y excusan las acciones extrajudiciales de sicarios como los que todavía actúan en Portuguesa y ahora parece que también en Falcón. En realidad, la reforma del COPP es una bandera comodín. La convocatoria fue exitosa porque apeló al hartazgo de la población frente a la ineficiencia de las políticas antidelictivas. La gente salió, con toda razón, a manifestar pidiendo respuestas efectivas para hacer frente al cotidiano horror de la desprotección.
La comisión legislativa tiene claro que el COPP es sólo un chivo expiatorio y por ello propondrá mantener el modelo acusatorio, los jurados y los escabinos, pero además, se generará una nueva ley de protección a las víctimas y se reformarán leyes que no han sido adaptadas al COPP y a la Constitución.
El comunicado mismo de los manifestantes aclara que no quieren volver al viejo sistema y aceptan que la reforma no será una garantía de que Venezuela se convierta en un país seguro de la noche a la mañana.
En sus trece
Se mantiene la tentativa de restringir aún más los acuerdos reparatorios a las víctimas de delitos, pero se ha planteado la alternativa de penalizar a los que defrauden o incumplan con las reparaciones. En las conversaciones de la comisión, donde los representantes policiales no han dado su brazo a torcer es en su deseo de disponer de más prerrogativas a la hora de hacer detenciones preventivas. Pero para los representantes de la Judicatura es imposible acceder, pues sería poner a los jueces bajo órdenes de la policía, y para las organizaciones de derechos humanos sería volver al régimen en el que la policía tenía todo el poder para comerciar con la libertad de «presuntos indiciados», ya fueran culpables o inocentes. En el fondo, está el dilema de la efectividad de los policías para obtener pruebas para un juicio y la habilidad de los delincuentes para burlarse de su incapacidad.
En realidad, la ofensiva contra el COPP empezó por aquí. Porque abogar por su reforma pretende excusar a los cuerpos policiales gangrenados por la corrupción y por la falta de formación adecuada de sus efectivos. Después vino la sociedad de cómplices: la reforma también excusa a dirigentes políticos y magistrados de tener que explicar cómo es que el sistema judicial pudo pudrirse como se pudrió y cómo es que su reforma nos ha dado, hasta ahora, más de la misma putrefacción n
