El apartheid del hambre
Esta semana se conoció que la mortalidad por desnutrición en los hospitales pediátricos ha aumentado en los últimos tres años en 260 %. Los niños venezolanos están muriendo de hambre. Esto sucede en un país que solo hasta 2014 había destinado más de 2.400 millones de dólares a la compra de un millón de toneladas de comida. De esa suma, solo se habría entregado el 14 por ciento. El resto fue hallado en estado de descomposición en contenedores ubicados en Puerto Cabello, Valencia y Tinaquillo, en lo que se conoce como el caso Pudreval.
No había interés en distribuir los alimentos, comprados con sobreprecio y en su mayoría a punto de caducar, sino en obtener dólares preferenciales a través de sobornos a los responsables de asignar contratos en CASA, Veximca, Suvinca, Pdvsa-Pdval-Bariven y de certificar el ingreso al país, deber del Seniat, el Ministerio de Salud y la GNB.
Lo que debió ser un plan para alimentar a los sectores más vulnerables con la importación de alimentos a dólares preferenciales, terminó siendo el episodio más escandaloso en la historia de la corrupción. Además, es el caso con mayor impunidad ya que ni un solo funcionario o contratista ha sido condenado por este macro fraude a la nación.
Robar los recursos destinados a la alimentación no sólo es un delito penal, es un delito contra los derechos humanos, es decir, contra los Derechos económicos, sociales y culturales de la Humanidad (DESC).
Más allá del perjuicio al patrimonio público hay un daño profundo e irreversible: la muerte de venezolanos por desnutrición. Se trata de una violación directa del derecho a la salud y a la vida.
