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El 12 a las 12″ en el TSJ, por Simón Boccanegra



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Simón Boccanegra | julio 11, 2008

Mañana es la marcha convocada por distintos partidos políticos y organizaciones civiles, así como por los propios «inhabilitados», desde la Plaza Venezuela hasta el Tribunal Supremo de Justicia. Este diario, que ha rechazado vigorosamente el instrumento fascistoide de las inhabilitaciones, me ha autorizado para que sume su voz a la de los convocantes. Ésta es una batalla por la democracia, que va mucho más allá de la contingencia electoral del próximo noviembre. Es preciso lograr que sea derogado o, en todo caso, reformado, para precisar sin ambigüedades su alcance, el artículo 105 de la Ley de Contraloría, que faculta al contralor para «inhabilitar», por sí y ante sí, sin que medie debido proceso ni decisión judicial firme, a cualquier ciudadano que le salga del forro. Esta facultad equivale exactamente a poner una hojilla en manos de un mono. Insisto, la «inhabilitación» sólo puede entenderse como una suerte de «medida cautelar», que pesaría sobre acusados o sospechosos de corrupción, cuya culpabilidad o inocencia sólo podría ser establecida por un juez. Hasta tanto esto no ocurra, el «inhabilitado» goza de todos sus derechos políticos. El artículo 42 de la Constitución es archi-claro: «El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley». Por si fuera poco, el artículo 65 señala: «No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones…» Ninguna de estas premisas constitucionales se da en el caso de la Lista Russián. Por lo tanto, echar atrás la pretensión oficialista de ganar elecciones eliminando contendores por la vía rufianesca hay que enfrentarla muy decididamente. El argumento de que con esto se debilita la lucha contra la corrupción es un clásico cinismo a lo Escarrá. La lucha contra la corrupción se hace enjuiciando a los ladrones. Un ladrón «inhabilitado» pero no enjuiciado ni condenado lo que hace es gozar de los dineros malhabidos.



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