EEUU se fijó revisar si sanciones realmente impiden combate contra covid-19 en Venezuela
La medida tomada por Joe Biden afectaría las sanciones impuestas desde 2019 por Trump para generar un cambio de gobierno en Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó el jueves 21 de enero una directiva de seguridad nacional en la que anuncia una revisión por parte de los secretarios del Tesoro, Comercio, Salud y Servicios Humanos, junto al director de la USAID de las sanciones económicas y financieras tanto de EEUU como de organismos multilarerales -como la Unión Europea- .
La medida se hace con el fin de «evaluar si están obstaculizando indebidamente las respuestas a la pandemia covid-19, y brindar recomendaciones al Presidente, a través del asistente del Presidente para Asuntos de Seguridad Nacional y el Coordinador de Respuesta covid-19, para cualquier cambio de enfoque».
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Este apartado de su directiva nacional número uno, donde Biden ratifica el liderazgo de EEUU para combatir la covid-19 y que se convierte en prioridad para salvar vidas en el mundo, afectaría la política de sanciones impuestas por la administración saliente de Donald Trump contra empresas estatales venezolanas, que se han visto impactadas por las decisiones de la Casa Blanca y que de acuerdo a la administración de Nicolás Maduro, las mismas han presuntamente impedido la compra de medicinas e insumos para combatir la enfermedad en Venezuela.
Biden propone que esta medida de revisión de sanciones se realice en máximo 14 días como parte de una serie de directrices de carácter diplomático que incluyen financiamiento y aumento de la capacidad para fortalecer la respuesta del mundo ante el covid-19, prestar ayuda y asistencia humanitaria en los lugares más vulnerables con el apoyo de países y de las Naciones Unidas.
EEUU, la Unión Europea y otros países han aplicado una serie de sanciones individuales a funcionarios de la administración de Nicolás Maduro y a empresas de carácter nacional como Petróleos de Venezuela, que es el principal punto de ingresos económicos para el país, desde 2017 tras la instalación de la impuesta asamblea constituyente y los más de 120 fallecidos que dejaron las protesta antigubernamentales de ese año.
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Las acción contra Pdvsa comenzó a partir de enero de 2019 cuando se cancelaron las órdenes de compra por parte del Departamento del Tesoro y de Estado, mientras se cedió el control de Citgo al gobierno interino encabezado por Juan Guaidó; luego vinieron sanciones contra barcos de la estatal petrolera, en especial los que llevan petróleo a Cuba y en agosto de ese año, Donald Trump firmó una orden ejecutiva autorizando sanciones a cualquiera que brinde apoyo a Maduro, decreta bloqueo económico total salvo excepciones.
Dicha orden ejecutiva consiste en que todos los bienes e intereses en bienes del gobierno en disputa de Venezuela que se encuentran en Estados Unidos están bloqueados y no pueden transferirse, pagarse, exportarse, retirarse ni negociarse de otra manera.
Desde entonces, el argumento ha sido que el Estado venezolano puede comprar alimentos y medicinas sin impedimento alguno porque la crisis que hay en el país no se generó debido a esas medidas coercitivas, sino que ya el país se venía deteriorando rápidamente, aunque desde Miraflores se dice lo contrario: Alegan que existe un «bloqueo» y que por ende, no pueden movilizar sus recursos para comprar los insumos necesarios que permitan el combate de la enfermedad.
Venezuela ha recibido elementos para combatir la covid-19 por concepto de ayuda humanitaria -y de convenios bilaterales- de China, Rusia, Turquía, Irán, Cuba y la Unicef. También se logró un acuerdo entre la administración de Maduro con la Asamblea Nacional de Guaidó para que la Organización Panamericana de la Salud usara dinero en el extranjero para comprar insumos.
Sin embargo, un reportaje reciente de la agencia Bloomberg reseñaba que solo el 1% de las pruebas PCR traídas al país producto de esa medida es lo que se había entregado, pero el presidente del parlamento chavista, Jorge Rodríguez, afirmó que las mismas ya han sido distribuidas en todos los centros de salud públicos del país.
