EEUU recupera $250 millones que estaban en poder de Alejandro Andrade
El Departamento de Seguridad Nacional (DSH) de EEUU ha incautado en las últimas semanas alrededor de $250 millones que estaban en posesión del extesorero venezolano Alejandro Andrade, quien cumple una sentencia de 10 años en ese país por apropiarse indebidamente $1.000 millones pertenecientes al Estado venezolano.
Según el Nuevo Herald, los agentes estadounidenses han hecho pesquisas e incautaciones durante los últimos 12 meses y hasta el momento, han recuperado unos $50 millones de cuentas en el extranjero, además de una granja de caballos en la zona de Wellington del Condado Palm Beach, 14 caballos finos y una flotilla de autos de lujo, como un Bentley Continental convertible de 2015, dinero que quedará bajo custodia del gobierno federal.
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Anthony Salisbury, agente especial del Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), calificó el lavado de dinero practicado por Andrade de “un desfalco significativo de un país”, debido a que esos dineros pertenecen al erario público venezolano.
«Anticipamos que se presenten cargos adicionales», dijo Kevin Tyrrell, otro agente del HSI.
El caso de Andrade ha propiciado una gran cantidad de investigaciones, cuyo resultado ha sido el arresto de al menos 1.100 personas en el sur de la Florida relacionadas con lavado de dinero, fraude, tráfico de armas, entre otras cosas.
En su confesión a la justicia estadounidense, Andrade dijo haber recibido sobornos por el equivalente a mil millones de dólares de empresarios como Raúl Gorrín, dueño de Globovisión, quien está prófugo de la justicia estadounidense.
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A cambio del dinero Andrade, desde su puesto de tesorero nacional, adjudicaba a los otros implicados en la trama, que según la acusación son once, transacciones de cambio de divisas a tasas favorables.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) solicitó en diciembre de 2018 a EE.UU. la extradición de Andrade «por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio (apropiación de dineros públicos), concertación de funcionario público con contratista y legitimación de capitales».
