Ecarri exige renuncia del Defensor del Pueblo en debate sobre amnistía
El diputado Antonio Ecarri planteó que la Ley de Amnistía debe incluir una “amnistía laboral” y mecanismos de excarcelación inmediata. También pidió la renuncia del Defensor del Pueblo y una revisión profunda del Poder Judicial
El diputado de la Asamblea Nacional Antonio Ecarri centró este lunes su intervención en el debate sobre la Ley de Amnistía en una exigencia directa: la renuncia del Defensor del Pueblo. A su juicio, el titular del Poder Ciudadano no ha cumplido su rol frente a las denuncias de violaciones al debido proceso y detenciones por razones políticas.
«Después de revisar los casos en voz de los familiares de los presos políticos, aquí tiene que renunciar, cuanto antes, el Defensor del Pueblo. No puede ser que la figura más hermosa de la Constitución de 1999 sea ciego, sordo y mudo», afirmó en rueda de prensa desde Caracas.
Ecarri hizo el señalamiento al presentar las propuestas que, según indicó, elevará ante la comisión parlamentaria encargada de la consulta pública del proyecto de Ley de Amnistía. Su planteamiento incluye tres ejes: una “amnistía laboral”, la obligación de tribunales de ejecutar excarcelaciones sin dilaciones y la extensión de la comisión legislativa más allá de la eventual aprobación del texto.
El dirigente de Alianza del Lápiz sostuvo que la discusión sobre la amnistía debe ir acompañada de una revisión institucional más amplia. Exigió una evaluación «urgente y profunda» del Poder Ciudadano y del sistema judicial venezolano.
«Los jueces de la República han sido campeones en violación al debido proceso», dijo, al advertir que, sin cambios en la actuación de tribunales y órganos de control, cualquier ley podría quedar atrapada en trámites burocráticos o decisiones discrecionales.
En ese contexto, insistió en que la Ley de Amnistía debe establecer mecanismos claros que obliguen a los tribunales a actuar de manera inmediata, evitando que las excarcelaciones se conviertan en procesos dilatados.
Ecarri también defendió la incorporación de una «amnistía laboral» dentro del proyecto. Señaló que desde el año 2000 empleados públicos han sido víctimas de despidos, jubilaciones forzosas, suspensiones salariales, anulación de pasaportes y represalias por motivos políticos.
También planteó que la comisión parlamentaria que actualmente revisa el proyecto de amnistía continúe funcionando como instancia de vigilancia después de la eventual aprobación de la ley. A su juicio, el proceso debe mantenerse activo para garantizar el resarcimiento de las víctimas y el seguimiento a su aplicación.
En respuestas a preguntas de periodistas, expresó su respaldo a iniciativas que proponen la derogación de la Ley contra el Odio y la Ley Simón Bolívar, al considerarlas inconstitucionales. Añadió que la Ley de Amnistía debe ser un soporte para que «nunca más se registren violaciones de derechos humanos» y se respete la libertad de expresión.
El debate parlamentario sobre el proyecto continúa en medio de propuestas de modificación presentadas por distintos sectores políticos y sociales.
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