Dudas, preguntas y cuestionamientos sobre fin de la amnistía: qué dicen ONG y políticos
Organizaciones de derechos humanos, activistas y dirigentes políticos expresaron su rechazo al anuncio de Delcy Rodríguez sobre el «fin» de la amnistía y aseguraron que se trata de un acto «arbitrario e inconstitucional»
La amnistía «llega a su fin». Con tan solo dos meses de aplicación, el mecanismo recibió la «extremaunción» por parte de Delcy Rodríguez, quien aseguró que «hay otros espacios donde se pueden abordar» las detenciones por motivos políticos como el Programa Nacional para la Convivencia y Paz y la comisión de consulta para la reforma penal, instalada este jueves 23 de abril.
La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática fue sancionada por la Asamblea Nacional el pasado 19 de febrero y pese a las limitaciones con las que nació, fue recibida como un paso importante en el proceso para lograr la liberación de los presos políticos en el país. A la fecha, alrededor de 670 personas quedan tras las rejas por razones políticas, según la oenegé Justicia, Encuentro y Perdón.
Este jueves, tras el anuncio de Rodríguez organizaciones de derechos humanos, activistas y dirigentes políticos expresaron su rechazo y aseguraron que se trata de un acto «arbitrario e inconstitucional».
¿Cuántas personas quedaron excluidas? ¿Qué pasará con los casos que están en curso? ¿Cómo se puede garantizar que los tribunales no engaveten los expedientes que están en proceso? ¿Cómo será el trámite ante el Programa para la Convivencia y Paz? ¿Cuál será el procedimiento para estos casos en la nueva comisión para la reforma penal? ¿Qué pasará con los venezolanos que están en el exterior y podían hacer el proceso a través de un representante legal? ¿Por qué el plazo para la amnistía fue solo de dos meses? ¿En qué ayuda la decisión de Rodríguez a un proceso de reconciliación? Son algunas de las preguntas y dudas que surgen luego del anuncio.
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Más impunidad
La organización Espacio Público aseguró que la decisión de Rodríguez es un acto de discrecionalidad que profundiza la impunidad. En un mensaje en su cuenta en X, aseveró que desde Miraflores se vulnera el derecho al debido proceso de los ciudadanos al «dejar en manos de comisiones el destino de las personas procesadas arbitrariamente, que todavía están privadas de libertad o bajo medidas cautelares».
Espacio Público enumeró una serie de irregularidades durante estos dos meses de aplicación de la amnistía, entre los cuales están: irregularidades en la juramentación de la defensa de confianza, negativa de información a las víctimas de su estado procesal de la causa, impedimientos de revisión de expedientes, impedimento de copias certificadas de la causa por tribunales, entrega exclusiva de boletas de notificación sin la sentencia impresa, retardo de más de 15 días para la entrega impresa de la decisión, peticiones de materiales: papelería para hacer entrega de las sentencias impresas y no entregarlas a las víctimas.
La organización condenó que se cierre esta etapa y no se hayan ofrecido listas oficiales de las personas beneficiadas ni se haya actuado con transparencia.
#23Abr El anuncio del cierre del ciclo de la #LeyDeAmnistía por Delcy Rodríguez es un acto de discrecionalidad que profundiza la impunidad.
Dejar en manos de comisiones el destino de las personas procesadas arbitrariamente, que todavía están privadas de libertad o bajo medidas…
— Espacio Público (@espaciopublico) April 24, 2026
Por su parte, la organización Acceso a la Justicia afirmó que la ley no contempla un término de caducidad o una cláusula de vigencia temporal, por tanto su derogación o pérdida de vigor solo puede ocurrir mediante otra ley de igual rango dictada por la Asamblea Nacional, o por una sentencia de nulidad por inconstitucionalidad de la Sala Constitucional TSJ.
Según la oenegé, al tratarse de una ley de vigencia indefinida, cualquier ciudadano que cumpla con los supuestos de hecho previstos en la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática debería poder invocar su aplicación en el momento que desee mientras, mientras no sea formalmente derogada por otra ley.
No contribuye a la paz
El anuncio también contó con el rechazo del Programa Venezolano de Educación Acción (Provea) y calificó la decisión de «arbitraria e inconstitucional» que en nada contribuye al proceso de convivencia y paz.
«La Ley de Amnistía debe formar parte del proceso de reinstitucionalización que necesita el país. Debe ser un primer paso en esa dirección, pero no es un requisito para que se produzca la liberación plena de todas las personas privadas de libertad por razones políticas», señaló en X.
La organización abogó por la liberación plena e inmediata de los presos políticos y la derogación de las leyes destinadas a criminalizar y perseguir a la disidencia.
Para la organización Justicia, Encuentro y Perdón «la ley terminó siendo un ejercicio de retórica política más que un instrumento genuino para devolver la libertad a los presos políticos».
Señaló que este tipo de leyes no pueden tener «límites temporales implícitos ni puede ser clausurada» por una declaración del Ejecutivo, ya que su vigencia «es inherente a la existencia de las situaciones de persecución y detención arbitraria que debe subsanar».
Insuficiente y excluyente
El partido Primero Justicia enfatizó que al ponerle «fin» a la amnistía, Delcy Rodríguez deja a más de 600 presos políticos «dentro de los centros de tortura».
En su cuenta en X, señaló que la Ley ha sido insuficiente y excluyente. La organización política reiteró su compromiso con la consolidación de la transición en Venezuela, pero considera que solo podrá iniciarse cuando todos los presos políticos, civiles y militares estén en libertad plena.
«Exigimos que se haga justicia y sea reparado todo el daño que han sufrido las víctimas y sus familias por tantos años», escribió en su cuenta en la red social X.
Desde que empezó la implementación de la ley, organizaciones de derechos humanos, dirigentes políticos y personas afectadas de forma directa han denunciado la discrecionalidad en su aplicación. Según Foro Penal solo el 24,21% de las excarcelaciones que se han dado desde el 8 de enero, cuando se anunció oficialmente la liberación de un «número importante» de presos políticos, han sido por la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.
La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 hasta enero de 2026, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye varios años y casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
