Diputado Guzmán: «el Gobierno sabe que la reconversión es inaplicable»
El Poder Legislativo tuvo que suspender la sesión de este martes por el apagón que se registró en Caracas, pero antes de eso aseguró que no hay billetes para aplicar la nueva reconversión y sugieren que para llevar a cabo esta acción, hay que detener primero la hiperinflación
La Asamblea Nacional (AN) solicitó este 31 de julio al Gobierno que preside Nicolás Maduro que antes de que ponga en marcha la reconversión monetaria este 20 de agosto, debe primero controlar la hiperinflación que se registra en Venezuela.
Antes de que se fuera la luz en el Palacio Federal Legislativo, elemento que obligó a suspender la sesión, el Parlamento aprobó un acuerdo que exige al Ejecutivo «la suspensión de manera inmediata del decreto presidencial N° 3.548 que establece una nueva reconversión monetaria».
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En el escrito se exhorta además devolver la autonomía al Banco Central de Venezuela y agrega que actualmente «no existen las condiciones para implementar la logística de la nueva reconversión monetaria, por cuanto los sectores bancario y comercial disponen de 25 días, (…) para adecuarse a la nueva normativa, lo cual constituye una obligación de imposible cumplimiento».
Aseguró la declaración emanada de la Cámara que los billetes nuevos para esta reconversión -en la que le eliminan cinco ceros a la moneda- no existen y además dice que el tiempo es muy corto para poner en marcha toda la operación bancaria. «El Gobierno sabe que esa reconversión es inaplicable», añadió el diputado Rafael Guzmán.
Respecto a las medidas del Ejecutivo de la reforma a la Ley de Ilícitos Cambiarios y el Censo Nacional de Transporte, el parlamentario tachó estas medidas como «aisladas» e «irresponsables», e insistió en que no frenarán la inflación y que, por el contrario, pueden «agravar el problema de escasez de efectivo».
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Con todo, el acuerdo de la AN demanda también que una vez haya «sido controlada» la hiperinflación, «se aplique una reconversión monetaria viable».
Según el Parlamento, declarado en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia, los ajustes económicos decretados por Maduro están viciados de inconstitucionalidad y acarrean responsabilidad administrativa sobre el presidente del ente emisor, Calixto Ortega, y sobre el ministro de Finanzas, Simón Zerpa.
Con información de EFE
