Dictadura del chip, por Teodoro Petkoff
El sábado pasado Chacumbele lanzó una de sus terribles amenazas, esta vez contra Pablo Pérez, gobernador del estado Zulia. En el mismo tono brutal y agresivo que utiliza cada vez que se pone en esa tónica de querer intimidar a sus adversarios, desató contra Pablo todo su arsenal de injurias, incluyendo la advertencia de que podía seguir el camino de su antecesor. Este, como es sabido, es Manuel Rosales, quien resistió durante meses las agresiones de Chacumbele hasta que la inminencia de la detención lo obligó a autoexiliarse en Perú.
¿Qué fue lo que sacó de sus casillas al Presidente? La proposición del gobernador zuliano de someter a referendo el tema del famoso chip de la gasolina, con el cual, por cierto, el gobernador ha mostrado su desacuerdo, mientras que el Presidente lo avala. Pérez apeló a un recurso constitucional, el del referendo consultivo, establecido en el artículo 71 de la Constitución. Según este texto: «Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo…
También podrán ser sometidas a referendo consultivo las materias de especial trascendencia parroquial, municipal y estadal…».
El artículo precisa quiénes tienen autoridad para convocar las distintas formas de referendo, entre los cuales se señala taxativamente a los gobernadores de los estados, entre otros. Pues bien, el gobernador Pablo Pérez no ha hecho otra cosa que sugerir la utilización de un precepto constitucional para consultar la opinión de sus gobernados sobre la conveniencia o no de la colocación de un chip en los vehículos, para dizque controlar el contrabando de gasolina hacia Colombia y el Caribe.
En el Zulia ha habido un rechazo generalizado hacia el chip, entre otras cosas por la manifiesta inutilidad de ese adminículo para alcanzar el propósito de acabar con el contrabando de gasolina. Si no fuera público y notorio que el contrabando de gasolina en grande es un negocio en manos de algunos altos oficiales de la Guardia Nacional y del Ejército, utilizando gandolas y barcos, la reacción en contrario tal vez no se habría producido.
Pero lo irritante es la manifiesta hipocresía de la idea del chip, que «ignora» el contrabando de verdad, para culpabilizar a ciegas a todos los propietarios de vehículos en el Zulia y en Táchira, presumiendo que todos son contrabandistas. En el peor de los casos, aquellos que practican el contrabando no pueden llevar al otro lado sino unos pocos cientos de litros contra los miles que salen en gandolas-cisternas y en barcos.
Esta controversia, es de las que la Constitución pauta como de «especial trascendencia estadal», a la cual puede aplicarse la consulta pública. Pero Chacumbele no quiere consulta ninguna. Es una decisión suya, que por cierto, en la práctica protege a los verdaderos contrabandistas, y oponerse a ella equivale, ya lo ha dicho en relación con el gobernador del Zulia, a desestabilizar el país.
De allí su furia y sus truculentas amenazas contra este. Lo grave es que Chacumbele cumple muy poco de lo que ofrece, excepto en materia de represión y amenazas, que se tornan realidad como en los casos de Rosales y Manuitt, ambos hoy en el exilio, o la jueza Afiuni, desde hace dos años presa.
