Dialogar es negociar, por Teodoro Petkoff
1.- Si el Gobierno designa un negociador es porque aspira a negociar. Esto implica la disposición a transar, al dando y dando. Si la cosa es en serio, entonces, no se puede solicitar negociación, hasta de rodillas, pero anunciando, al mismo tiempo, que el objeto de la negociación no es negociable. En este caso, ¿para qué hablar? Por lo tanto, si la cosa es en serio y no un truco, el negociador del Gobierno debe anunciar claramente que está dispuesto a pasearse por todas las opciones para destrancar el juego, para que el diálogo no sea de sordos. Además, a ese negociador el Presidente no puede limitarle el ámbito de acción declarando, como lo hizo ayer, que una de las alternativas posibles, la del receso legal (vacatio legis) está cerrada. Si es así, no hay tal voluntad de negociar, no hay nada que hablar y Rangel hará el ridículo.
2.- Si Fedecámaras habla en serio de negociación, entonces no puede condicionarla a que el único interlocutor que consideraría válido es el propio Presidente. En una negociación cada parte designa sus propios negociadores. Si Fedecámaras quiere negociar tiene que hacerlo con el negociador designado por el Gobierno. De lo contrario, indicaría que no quiere negociar. Entonces, ¿para qué anuncia un paro? Se entiende que este anuncio está dirigido a procurar una reconsideración de las leyes. Este es el objetivo y si para alcanzarlo hay que conversar con el Gobierno, hay que hacerlo con el representante que el Gobierno designe, aun si éste pareciera haber sido castrado ayer. El paro está condicionado al resultado de estas conversaciones. Si Rangel lleva la misma posición del Presidente, entonces no hay más que hablar.
3.- El Gobierno argumenta que la reacción de los empresarios es debida a que la «revolución» afecta sus intereses. ¿Qué hay con eso? Todo el mundo tiene intereses y si siente que son indebidamente afectados tiene todo el derecho a reaccionar. Con este maniqueísmo estúpido (la «revolución» es el Bien y los «intereses empresariales» encarnan el Mal), no se puede gobernar democráticamente. El Gobierno tiene todo el derecho a pretender aplicar su plan, pero si quiere hacerlo en democracia y no a palos, tiene que abrir espacios para que los «intereses afectados» puedan hacer oír sus opiniones y éstas puedan ser procesadas. Si no lo hace, no puede quejarse de que aquéllos reaccionen.
4.- Lo sensato es que Gobierno y sectores económicos se acuerden acerca de una manera de reexaminar las leyes. Para eso sería la negociación. Puesto que ése es el meollo del problema, el Gobierno no puede cerrarse a priori ante esa opción. De lo contrario, ¿para qué se arrodilló José Vicente? Constitucionalmente, las leyes deben ser enviadas a la Asamblea Nacional. Hasta por su volumen se justifica abrir un receso (vacatio legis) para su consideración. Ese es el momento y el espacio para una consulta amplia. Después decide la Asamblea. Esta es otra regla de juego que no puede desconocer nadie. Pero la Asamblea no puede tomar esa determinación a partir de la declaración de ayer del Presidente. Debe reivindicar su autonomía y su condición de poder del Estado tanto frente a los empresarios como frente al Presidente.
5.- El país está cargado de odio. Aquí basta una chispa para que corra la sangre. Es preciso desmontar esta polarización infernal, dominada, en cada lado, por las posturas más extremas. Al Gobierno corresponde la principal responsabilidad en ello, pero a sus opositores también les toca una parte de la carga. Porque todos vamos a perder. Tanto los que creen que ahora se cae el Gobierno como los que piensan que éste es el empujón final de la revolución.
Ambos están trágicamente equivocados.
