Detienen a 12 funcionarios por asesinato de García Sabino: 34 reclusos serán imputados
La autopsia del exconcejal José Manuel García Sabino indica que murió a causa de asfixia mecánica. TalCual también pudo conocer que una comisión del Cicpc de Caracas fue enviada a la ciudad de Anaco para hacerse cargo de las averiguaciones. Hasta el director de PoliAnaco fue detenido
La autopsia realizada al exconcejal José Manuel García Sabino, de 31 años de edad, halló que murió producto de asfixia mecánica por estrangulamiento; lo que indica que el representante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) fue asesinado dentro de la celda en los calabozos de la Policía Municipal de Anaco, en el estado Anzoátegui, el pasado 9 de mayo.
Varios periodistas del estado Anzoátegui reportaron el homicidio, pese a que las autoridades no han ofrecido información oficial. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) está a cargo de la investigación y los 34 reclusos que compartían el espacio de reclusión serán imputados por el asesinato, con el fin de determinar las responsabilidades individuales.
12 funcionarios de la Policía Municipal de Anaco, incluido el director de ese cuerpo policial, el comisiario Pedro Parra, fueron detenidos por el Cicpc. TalCual también pudo conocer que una comisión del Cicpc de Caracas fue enviada a la ciudad de Anaco para hacerse cargo de las averiguaciones.
La Fiscalía 19 del Ministerio Público está a cargo de las investigaciones e informó que los funcionarios detenidos enfrentarán cargos por omisión al socorro entre delitos.
José Manuel García Sabino fue encontrado colgado de un mecate en el baño del retén cerca de las 9:00 p.m. del sábado. Los demás detenidos fueron los que alertaron a las autoridades del lugar sobre el hallazgo.
El exconcejal García Sabino estaba detenido desde el pasado 23 de febrero por supuestamente estar vinculado a casos de estafas. El ingeniero estaba acusado de «estafa agravada continuada por un sistema de ahorro continuado para entregar motos», pero dejó de entregarlas desde el año pasado.
Diversas ONG han advertido durante años sobre patrones de tortura, aislamiento prolongado, falta de atención médica y opacidad institucional en centros de reclusión venezolanos. Organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón y Provea contabilizan al menos 27 presos políticos muertos bajo custodia estatal desde 2014.
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