Detenido implicado en zarpe ilegal de embarcación desaparecida en costas de Falcón en 2019
Este 7 de junio de 2022 se cumplen tres años de la desaparición de unas 33 personas que zarparon desde La Vela de Coro en el estado Falcón con destino a Curazao. Familiares esperan una actuación diligente por parte de las autoridades. Aseveran que en el caso están involucradas a mafias dedicadas a la trata de persona. Entre abril, mayo y junio del 2019 se perdieron en altamar tres embarcaciones. Dos zarparon desde Güiria, un pueblo del oriente de Venezuela, en los botes «Jhonaily José» (23 de abril), «Ana María» (16 de mayo) y un peñero en las costas del estado Falcón (7 de junio, bote sin nombre). En todos los casos se ha repetido la actitud desentendida de las autoridades y procedimientos de búsqueda tardíos.
Cuerpos de seguridad del estado Falcón detuvieron a Jesús Antonio Viera Salas conocido «el Chucho», presunto integrante de la banda que organiza y hospeda a falconianos que contratan viajes ilegales a las islas Aruba, Bonaire y Curazao, como el zarpe clandestino del 7 de junio de 2019 que salió de La Vela, estado Falcón y por el que unas 33 personas permanecen desaparecidas desde entonces.
Viera estaba solicitado por el delito de trata de personas. Es el cuarto detenido por este caso. De acuerdo como consta en oficio 1CO – 185/2020 emitido por el Juzgado Primero de Control, extensión Tucacas y boleta de aprehensión judicial 1CO – 016/2020. Es natural de Agüide, municipio Acosta y buzo profesional. Cuenta con 34 años de edad. La audiencia de presentación fue diferida para este 7 de junio, cuando justamente se cumplen tres años de la tragedia. Estaba previsto que se realizará el lunes 6, reseñó el portal Crónica Uno.
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Jhonny Romero, director del Comité Nacional de Familias Víctimas de Desapariciones y Trata en las Costas de Venezuela, Mayday Confavidt, Viera era el hombre de la logística de las lanchas.
Alias «el Chucho» junto con Raúl Garcés y los hermanos Danilo y Danny Rafael, conocido como «los Picapiedras» han sido señalados por las evidencias y las familias víctimas como parte de la banda que organizaba los viajes clandestinos. Se pudo conocer que tres de los detenidos se desempeñaban como cargadores en los viajes. En tanto que Chucho era el encargado de custodiarlos y alojarlos en sus casas en Agüide.
La banda está integrada por unas nueve personas. Cuenta con dos alertas rojas de Interpol contra el capitán de la embarcación Alberto, Pechón, Vásquez Vásquez y su esposa, Acnet Paola Gutiérrez Torres quienes se mueven entre las islas ABC y Colombia.
Los familiares de las 33 personas desaparecidas esperan desde 2019 una respuesta diligente por parte de las autoridades venezolanas, cuya actuación ha sido casi inexistente, al menos en estos caso. Solo entre abril más y junto de ese año más de 30 personas desaparecieron. Los primeros dos casos (23 de abril y el 16 de mayo) se registraron entre las costas de Güiria, en el estado Sucre y Trinidad y Tobago. El comité de familiares ha dicho a medios de comunicación que en los casos están vinculadas bandas dedicadas a la trata de personas.
A pesar de las múltiples protestas que han realizado los familiares de las personas desaparecidas la investigación sigue estancada. Familiares han dicho a TalCual que en las distintas sedes de la Fiscalía los «pelotean» y las veces que han hecho grandes manifestaciones en la sede principal, en Caracas solo han cambiado al fiscal y se les ha obligado a hacer el procedimiento de denuncia como si fuese la primera vez.
En 2019, específicamente el martes 11 de junio habitantes de la comunidad de Agüide en el estado Falcón, protestaron para denunciar la desaparición de la lancha, que partió desde el poblado con rumbo a Curazao. La tripulación salió el viernes 7 de junio en horas de la tarde, cargado con hombres y mujeres que buscaban huir de la emergencia humanitaria que se vive en Venezuela.
Los pasajeros pagaron 400 dólares para poder viajar en el peñero color blanco. Fueron los familiares de las víctimas los que denunciaron la desaparición, luego de que pasaran los días y no recibieran información de sus allegados.
Cansados de la indiferencia del gobierno regional, los habitantes de Agüide decidieron salir a manifestar, cerrando el paso en el sector El Paraíso vía la Vela, exigiendo que se activaran mecanismos de búsqueda.
A través de las redes sociales se difundieron vídeos de la protesta, en los que se observa a los allegados a las víctimas clamando por soluciones, “necesitamos patrullaje, necesitamos buscarlos en la frontera pero ya, son nuestros familiares y estamos desesperados”.
El 9 de junio autoridades de Curazao informaron sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre que estaba flotando en el mar la tarde del domingo 9 de junio. Se determinó que se trató de uno de los tripulantes de la embarcación.
Entre abril, mayo y junio del 2019 se perdieron en altamar tres embarcaciones. Dos zarparon desde Güiria, un pueblo del oriente de Venezuela, en los botes «Jhonaily José» (23 de abril), «Ana María» (16 de mayo) y un peñero en las costas del estado Falcón (7 de junio, bote sin nombre). En todos los casos se ha repetido la actitud desentendida de las autoridades y procedimientos de búsqueda tardíos. Familiares de los desaparecidos están seguros de que en los hechos están involucradas mafias dedicadas a la trata de personas.
En mayo de 2020, TalCual publicó una investigación sobre lo ocurrido en 2019 en dos embarcaciones que partieron desde el puerto de Güiria, en el estado Sucre, hacia Trinidad y Tobago. Con apenas 23 días de diferencia zarparon y desaparecieron en el mar sin dejar rastro de 60 personas. En el trabajo se evidencia cómo las instituciones de gobierno han ignorado las alertas que apuntan el desarrollo de un delito de magnitud internacional: el tráfico de personas y la explotación sexual, en el cual Venezuela se posiciona como el primer país con prevalencia en Latinoamérica, según índices mundiales
