Detenciones insólitas | De rescatista animal a «terrorista»: el caso de Ángela Expósito
El sistema judicial venezolano procesó a una activista de derechos animales bajo cargos de terrorismo y asociación para delinquir. Pese a la ausencia de pruebas que la vinculen con actos violentos, el hecho de cuidar las mascotas de dos perseguidos políticos fue una razón para implicarla
Autor: Aseret Ramírez
La excarcelación de Ángela Expósito Carrillo, bióloga y activista por los derechos de los animales, pone fin a siete años de una de las detenciones más arbitrarias e insólitas que se han documentado. En septiembre de 2018 fue aprehendida por cuidar las mascotas de dos perseguidos políticos, entre ellos, un perro que le pertenecía a Óscar Pérez.
Expósito, de 60 años, española y profesora jubilada de la Universidad Simón Bolívar (USB), dedicó su vida a la protección animal a través de la ONG Fundanimal. Entre los animales rescatados por Expósito se encontraba la mascota de Óscar Pérez, el inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Venezuela (Cicpc) que lideró un movimiento de resistencia en contra del régimen de Nicolás Maduro y fue ejecutado en enero de 2018.
El cuidado del animal perteneciente al inspector fue considerado como un supuesto nexo de «encubrimiento» y complicidad.
A la bióloga, con una amplia trayectoria académica y civil, le imputaron cargos de extrema gravedad. En 2022, tras cuatro años de detención en los calabozos de El Helicoide, Expósito fue condenada a 24 años de prisión bajo cargos de: terrorismo, asociación para delinquir y participación en el presunto intento de magnicidio con drones en 2018 en contra de Nicolás Maduro.
La sentencia fue ratificada por el Tribunal de Casación sin que se presentara una sola prueba que tuviese vinculación con actos de violencia. Su única «falta» comprobable fue el cuidado de animales de personas perseguidas, incluyendo también los perros del coronel Oswaldo García Palomo, informó la ONG Foro Penal a través de redes sociales.
García Palomo fue imputado por cargos de traición a la patria, asociación para delinquir, terrorismo, conspiración y posesión ilícita de armas, debido a su presunta implicación en un atentado que supuestamente buscaba asesinar a Nicolás Maduro. En consecuencia, el Tribunal Primero de Control del Área Metropolitana de Caracas ordenó la aprehensión y el pase a juicio del militar.
*Lea también:Venezuela acusa a Misión de la ONU de sostener un «negocio político» tras informe
El pasado 7 de marzo, Foro Penal confirmó la excarcelación de la activista en el marco de las recientes medidas de liberación de presos políticos. No obstante, la opacidad judicial persiste hasta la fecha, no se ha precisado si Expósito goza de libertad plena o si ha sido sometida a medidas cautelares que limitan su libertad.
El caso de la activista ejemplifica las dinámicas de poder en Venezuela, donde actividades civiles pueden ser vinculadas a procesos judiciales con trasfondo político. La ONG Foro Penal ha afirmado que «Ángela nunca debió haber estado tras las rejas». Su detención forma parte de un patrón de persecución que derivó en siete años de privación de libertad para la ciudadana.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
