Huelga de hambre en caso Pdvsa Cripto: acusados exigen retomar audiencias presenciales
Fuentes dijeron que tanto familiares y como la defensa sospecha que la administración de Delcy Rodríguez trata de evitar que el juicio por el caso Pdvsa Cripto continúe debido a que se han ventilado en la audiencias violaciones a los derechos humanos y al debido proceso, presuntamente cometidas por la familia presidencial, el ex fiscal Tarek William Saab, y otra figuras cercanas al alto gobierno
Los acusados por el caso Pdvsa Cripto iniciaron este lunes 1 de junio una huelga de hambre para exigir a las autoridades que retomen las audiciencias presenciales. Se espera que estas se retomen el venidero miércoles 3 de junio.
Para este lunes 1 de junio se tenía prevista la realización de la audiencia número 17. Sin embargo, más temprano, autoridades se negaron a trasladar a los imputados de la cárcel Rodeo I al Palacio de Justicia, informaron a TalCual fuentes cercanas al proceso.
Los informantes detallaron que la jueza Alejandra Romero Castillo había propuesto en horas de la tarde continuar el juicio, sin los acusados, algo que fue considerado por lo familiares y la defensa como una «grave» irregularidad. Pese a lo interior, las fuentes confirmaron a este medio que la cita de hoy fue diferida para el miércoles de junio.
«Los privados de libertad que se encuentran en Yare anunciaron por vía telemática que iniciarían a partir de ese preciso momento una huelga de hambre, hasta tanto se los trasladarán el próximo miércoles 3 de junio a la sede del tribunal para que tenga lugar la continuación de la audiencia de manera presencial», dijo la persona cercana al proceso que prefiere resguardar su identidad.
Comentó que el día en el Palacio de Justicia transcurrió con el reclamo y preocupación de familiares y la defensa por la presencia de los acusados en el caso Pdvsa Cripto. «Hubo fuerte reacción de los abogados de los imputados quienes han sido testigos de las graves violaciones de derechos humanos de sus representados», comentó.
La fuente dijo que tanto los familiares como los abogados de los imputados “sospechan que el gobierno está tratando de evitar que el juicio continúe debido a que se han ventilado en la audiencias graves violaciones cometidas directamente por la familia de Nicolás Maduro, el exfiscal Tarek William Saab, y otra figuras cercanas al alto gobierno”, dijeron las fuentes.
El pasado miércoles 27 de mayo las defensas de los 64 acusados carearon al Tribunal Especial Tercero de Juicio de Terrorismo para denunciar los vicios «insubsanables» que afirman han minado la causa. Lo hicieron en la audiencia del miércoles 27 de mayo, la número 14 desde que inició el proceso judicial en abril.
Durante esa jornada, no hubo declaración de imputados sino que la audiencia se concentró en las incidencias técnicas presentadas por los defensores. Los litigantes atacaron la legalidad del expediente al denunciar la existencia de actas mutiladas, eliminación de fases obligatorias del proceso y la continuidad de tratos crueles en los centros de reclusión.
Tras las denuncias, las defensas exigieron un pronunciamiento del Ministerio Público con base en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP). Sin embargo, la jueza Alejandra Romero Castillo postergó la réplica para el final del proceso. De acuerdo con transcripciones de la audiencia a las que tuvo acceso TalCual, la sesión cerró con el anuncio de que varios procesados que inicialmente habían rechazado declarar solicitaron formalmente su derecho a la palabra, obligando al tribunal a diferir la audiencia para el próximo 1 de junio de 2026.
Fuentes vinculadas al proceso revelaron a este medio que las restricciones al público y a la prensa —denunciadas días atrás como una violación al principio de publicidad establecido en el artículo 15 del COPP— se han reducido a un filtro extremo en las puertas del tribunal: el aforo permitido para las audiencias es de apenas cuatro personas. El ingreso se limita estrictamente a los primeros cuatro parientes de los imputados que logren llegar a la sede judicial y presentar su cédula de identidad, dejando al resto de los familiares y a los medios de comunicación en la calle. El caso tiene más de 60 acusados.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
