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Denuncian al director de El Rodeo I por privación ilegítima de libertad



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TalCual | marzo 23, 2026

Marianna Parra, esposa de Carmelo De Grazia y cuñada de Daniel De Grazia presentó pidió a la Fiscalía Superior del Area Metropolitana de Caracas investigar las razones por las que sus parientes no han sido sacados de la cárcel pese a que el pasado 16 de marzo se les emitieron boletas de excarcelación


Este lunes 23 de marzo Marianna Parra, esposa de Carmelo De Grazia denunció ante el fiscal superior del área Metropolitana de Caracas al director de la cárcel de El Rodeo I, coronel Alexander José Martínez Endeiza. Acusó al funcionario de privación ilegítima de la libertad de su esposo y su cuñado Daniel De Grazia, ambos ítalo venezolanos.

De acuerdo con una nota de prensa, en el documento recibido por esa instancia, Parra explicó que a los hermanos De Grazia el tribunal del caso y a solicitud del Ministerio Público, les impuso una medida cautelar sustitutiva a la privación preventiva de libertad en fecha 16 de marzo de 2026 que consiste en arresto domiciliario, no obstante, siguen detenidos en el centro de reclusión El Rodeo I.

“A pesar de haberse decretado el arresto domiciliario en favor de los afectados, el Dgcim, representado en este caso por el ciudadano Alexander José Martínez Endeiza, quien es el director de El Rodeo I, los mantiene privados de su libertad de manera arbitraria, alegando de forma verbal el desconocimiento de la decisión judicial e incurriendo así en una vía de hecho que viola flagrantemente el orden constitucional. A la fecha de interposición de esta denuncia han transcurrido siete (7) días desde que se decretó el arresto domiciliario de Los Afectados”, señaló.

Expuso que “la detención de los afectados mutó de ser una privación judicial preventiva de la libertad a una privación ilegítima de libertad, pues carece de título jurídico que la sustente”.

*Lea también: Una familia necesita $645 mensuales para comer en Venezuela, dice Cendas

Mencionó que en el caso «se vulnera una garantía de orden constitucional como la prevista en el artículo 44, numeral 5 de la Constitución Nacional (…), el cual establece que ‘ninguna persona continuará en detención después de dictada la orden de excarcelación por la autoridad competente».

A propósito de lo antes expuesto, citó el artículo 176 del Código Penal, el cual establece que conforme “el funcionario público que con abuso de sus funciones o quebrantando las condiciones o formalidades prescritas por la ley, privare de la libertad a alguna persona será castigado con prisión de cuarenta y cinco días a tres y medio años”.

En la misiva, pidió al fiscal superior se investiguen los hechos denunciados. Los calificó de «gravísimos» y, afirmó, «atentan de manera directa contra la vida de los afectados».

«No podemos permitir que la voluntad de un funcionario público, cumpliendo labores de carcelero, prevalezca ante una solicitud planteada por un fiscal del Ministerio Público y una decisión judicial que decretó un arresto domiciliario para Los Afectados”, señaló en el documento.

A su salida de la Fiscalía, Mariana Parra le envió un mensaje a Alexander José Martínez Endeiza: “Exijo al coronel el cumplimiento de las boletas de excarcelación que tienes mis familiares, así como las múltiples que tiene engavetadas y negadas a cumplir. Usted está en desacato. Usted no está por encima del Poder Judicial y Ejecutivo.”, declaró.

Los hermanos De Grazia llevan dos años en prisión tras ser detenidos en abril de 2024, vinculados por el Ministerio Público a la trama de corrupción denominada Pdvsa-Cripto. Las acusaciones iniciales incluyeron delitos de traición a la patria, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Sin embargo, tras un exhaustivo proceso de revisión del expediente por parte de la propia Fiscalía General de la República, el tribunal competente emitió el pasado lunes 16 de marzo las boletas de excarcelación N° 165-26 y 166-26, otorgándoles una medida de detención domiciliaria. Así lo confirmó el abogado de ambos hermanos, Daniel Badell Porras.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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