Delcy Rodríguez exige «acabar con la matraca» para defender a funcionarios «honestos»
Delcy Rodríguez solicitó al Ministerio de Interior y Justicia que se avance en la creación de un «0800 Extorsión», una plataforma tecnológica para denunciar estos delitos. Sin embargo, la funcionaria también defendió que se debe «hacer justicia» por aquellos policías, jueces y fiscales «honestos»
Delcy Rodríguez exhortó este lunes 1 de junio a acabar con la extorsión de cuerpos policiales, tribunales y fiscales contra los ciudadanos como parte de la reforma al sistema penal que impulsa desde el mes de enero, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas militares estadounidenses.
«¡Quiero acabar con la matraca y la extorsión! ¡Se acabó, ya basta! El pueblo de Venezuela lo exige, y pido la colaboración de todo el país. Ya basta de manchar la dignidad de organismos, de instituciones que han dado lo mejor de sí durante las peores etapas de la violencia política en Venezuela», expresó Rodríguez durante el inicio de la consulta nacional para la reforma de la justicia penal.
Rodríguez solicitó al Ministerio de Interior y Justicia que se avance en la creación de un «0800 Extorsión», una plataforma tecnológica para denunciar estos delitos. Sin embargo, la funcionaria también defendió que se debe «hacer justicia» por aquellos policías, jueces y fiscales «honestos».
Reiteró que «no es justo» para funcionarios policiales que cumplen su labor o el sistema de justicia «que ha ido depurando sus instancias». La funcionaria aseguró que en los últimos 27 años se han tenido avances, «pero no lo suficiente. No es lo que merece el pueblo venezolano y no es la justicia que merece Venezuela».
Por ello, calificó una reforma al sistema judicial penal como un «paso necesario para consolidar una Venezuela de paz».
«Necesitamos una justicia para que cuando se sacuda, como sé que lo harán, las bases de la estabilidad y la tranquilidad de Venezuela, el Estado venezolano esté al frente, digno, moral en alto, con profesionales que defiendan a Venezuela», expresó.
La reforma de la justicia penal, insistió Rodríguez, debe funcionar «para tener un sistema criminal del siglo XXI adaptado a los estándares internacionales y protocolos más altos de garantías en materia de derechos humanos».
Por su parte, el fiscal general de la República, Larry Devoe, dijo que tienen previsto un despliegue nacional para reunirse con «todos los sectores interesados» en la reforma del sistema penal. Indicó además que los cambios se centrarán en nueve aspectos fundamentales:
- Política criminal en la Venezuela del siglo XXI.
- Acceso a la justicia y participación ciudadana.
- Coordinación, articulación e integración del sistema de justicia.
- Ética, autonomía e independencia.
- Garantías del debido proceso y celeridad procesal.
- Eficiencia y calidad en la organización y funcionamiento del sistema penal.
- Revisión del talento humano.
- Estructura, equipamiento y dotación del sistema penal.
- Herramientas tecnológicas para el acceso a la justicia.
José Antonio Bonvicini, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María (USM), dijo que no es necesario «hacer grandes cambios» a las leyes para corregir una impunidad que, afirmó, «es circunstancial».
«Tenemos 27 años con un Código Orgánico Procesal Penal, tenemos una Constitución de avanzada, y tenemos que decir que si hay que hacer cambios a las leyes son cosas particulares, el tema que tenemos importante es el operador de justicia, todos debemos tener un fin común. Venezuela, el venezolano de a pie clama justicia», señaló durante su participación.
Thais Rojas, jueza de paz de la comunidad Arístides Rojas de parroquia Leoncio Martínez (Petare), expresó que existe un «divorcio institucional» entre el sistema penal y sistema de jurisdicción especial de paz que puede ser resuelto a través de la creación de protocolos y una reforma del COPP.
Rojas detalló que el protocolo debe responder a una justicia restaurativa orientada a la jurisdicción de paz comunal, mientras que la reforma del COPP debe dar a los fiscales «el poder» de referir a jueces de paz los casos de delitos que no atenten contra la vida e integridad de las personas y que no superen los ocho años. Asimismo, consideró necesario vincular a los jueces de paz a los órganos de investigación penal para evitar el retardo procesal en los tribunales de control.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
