Delcy Rodríguez estuvo durante años bajo la lupa de la DEA, según papeles vistos por AP
Registros obtenidos por Associated Press revelan que Delcy Rodríguez fue catalogada como «objetivo prioritario» en 2022, aunque EEUU nunca la ha acusado formalmente de delitos. La información añade presión al delicado respaldo que Washington le otorga tras la captura de Nicolás Maduro
Documentos internos de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) muestran que Delcy Rodríguez ha estado durante años en el radar de esa agencia y que en 2022 fue clasificada como un «objetivo prioritario», una categoría reservada para personas consideradas con un «impacto significativo» en el tráfico de drogas.
La información fue obtenida por Associated Press (AP), que tuvo acceso a registros de la DEA y consultó a más de media docena de actuales y exfuncionarios de seguridad estadounidenses. De acuerdo con esos documentos, la agencia antidrogas elaboró desde al menos 2018 un expediente de inteligencia sobre Rodríguez, en el que se registran presuntas vinculaciones con tráfico de drogas, contrabando de oro y lavado de dinero.
Uno de los reportes citados por AP recoge el testimonio de un informante confidencial que aseguró en 2021 que Rodríguez utilizaba hoteles en la isla de Margarita «como fachada para lavar dinero».
La agencia señala que no ha podido confirmar de forma independiente esa afirmación. Los registros también vinculan a Rodríguez con Alex Saab, empresario cercano a Nicolás Maduro, arrestado en 2020 por cargos de lavado de dinero y posteriormente indultado en 2023 en un intercambio de prisioneros.
Pese al interés sostenido de la DEA, el gobierno estadounidense nunca ha acusado públicamente a Rodríguez de ningún delito. Tampoco figura entre los más de una decena de altos funcionarios venezolanos formalmente imputados por narcotráfico junto a Maduro, capturado a inicios de enero para enfrentar cargos en EEUU.
Según AP, el nombre de Rodríguez aparece en casi una docena de investigaciones de la DEA, algunas aún abiertas, con participación de oficinas en Paraguay, Ecuador y varias ciudades de Estados Unidos, entre ellas Phoenix y Nueva York. Tres agentes actuales y retirados que revisaron los documentos indicaron que estos reflejan un seguimiento intenso, aunque subrayaron que la designación como «objetivo prioritario» no implica necesariamente que existan pruebas suficientes para una acusación penal.
«Que alguien sea un objetivo prioritario no es lo mismo que tener evidencia que sustente una acusación formal», dijo a AP Kurt Lunkenheimer, exfiscal federal en Miami con experiencia en casos vinculados a Venezuela.
La revelación ocurre en un momento políticamente sensible. Tras la captura de Maduro, el presidente estadounidense Donald Trump ha presentado a Rodríguez, hoy presidenta interina, como una interlocutora clave para estabilizar Venezuela. Esta semana, Trump dijo haber tenido una «muy buena conversación» con ella, antes de que se reuniera en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe.
Analistas citados por AP advierten que ese respaldo implica riesgos. Steve Dudley, codirector de InSight Crime, afirmó que el poder en Venezuela opera dentro de un «régimen híbrido criminal». En la misma línea, la dirigente opositora María Corina Machado aseguró que «el sistema de justicia estadounidense tiene información suficiente» sobre Rodríguez y que su «perfil es bastante claro».
Rodríguez fue sancionada por Estados Unidos en 2018 y también por la Unión Europea, aunque esas medidas se centraron en su papel político y en su responsabilidad en el debilitamiento de la democracia venezolana, no en acusaciones penales por corrupción o narcotráfico.
Para expertos consultados por AP, el historial de investigaciones de la DEA se ha convertido en un elemento de presión adicional sobre Rodríguez, en un contexto en el que la administración de Trump busca garantías políticas, económicas y de seguridad en la Venezuela posterior a Maduro.
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