Defensa de Rodney Álvarez exige inhibición de tres jueces por parcialidades en su contra
Pese que hace más de un mes abogados de Rodney Álvarez apelaron la sentencia de 15 años de prisión, jueces de la corte han retardado el caso sin justificación
Texto: José Rivas / Correo del Caroní
La defensa del exferrominero Rodney Álvarez exigió el jueves 12 de agosto la inhibición de tres jueces de la Sala Número 1 de la Corte de Apelación del Circuito Judicial Penal del área metropolitana de Caracas por parcialidades en contra del trabajador.
Álvarez fue sentenciado el 8 de junio a 15 años de prisión por el asesinato del obrero Renny Rojas en los portones de Ferrominera Orinoco cuando se realizaba una asamblea de trabajadores en el 2011. Su defensa apeló la sentencia después de un mes y esta recayó en la Sala Número 1 de la Corte de Apelación conformada por las jueces Evelin Mendoza Hidalgo, Lizbeth Karim Luderth Soto y el juez Miguel Ángel Rodhe Urbaneja.
Luis Aguilera, abogado del trabajador, señaló que el rechazo a la designación de los jueces y la exigencia de inhibición se debe a que en 2019 fue designada Paulette León Guevara como jueza del caso y se le solicitó medida sustitutiva de libertad, la cual fue negada.
Posteriormente se apeló la decisión de la jueza en la Sala Número 1 de la Corte de Apelación del Circuito Judicial Penal del área metropolitana de Caracas con el juez Miguel Ángel Rodhe Urbaneja, el cual por segunda vez llevará la apelación.
“Este juez (en 2019) después de tres meses que aplicó prácticas dilatorias, decidió ratificar la decisión del Tribunal de Juicio, negando la medida cautelar”, recordó Aguilera. En ese entonces la defensa denunció al juez en la Inspectoría General de Tribunales por retardo procesal y violación al debido proceso.
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El abogado alerta que la apelación a la sentencia de 15 años volvió a recaer en la Sala Número 1 que anteriormente negó la medida sustitutiva de libertad, y en la que está el juez Rodhe Urbaneja, con el que hay una enemistad manifiesta.
La defensa además resalta que el artículo 86, numeral 7, del Código Orgánico Procesal Penal establece como causal de inhibición y recusación: “Haber emitido opinión en la causa con conocimiento de ella, o haber intervenido como fiscal, defensor, experto, intérprete o testigo, siempre que, en cualquiera de estos casos, el recusado se encuentre desempeñando el cargo de juez”.
“Ya tienen una posición, eso genera parcialidad, tienen que inhibirse, primero por razones de enemistad y el código prohíbe a los jueces conocer de un caso que ya ha sido de su conocimiento en situaciones anteriores”, señaló Aguilera.
La defensa espera que la queja sea asignada a otra sala de la Corte de Apelación. “No tenemos la menor intención de ir a una audiencia con esta sala de la Corte de Apelación, porque sabemos cómo han actuado para violar los derechos de Rodney Álvarez”.
Retardo procesal en el caso de Rodney Álvarez
Álvarez esperó una década para escuchar una decisión sobre su caso, pese a la falta de pruebas que lo vinculan con el asesinato de Rojas y aunque trabajadores han señalado al miembro de la Federación Bolivariana de Trabajadores y miembro de Partido Socialista Unido de Venezuela, Héctor Maícán como el culpable del crimen, Rodney fue sentenciado a 15 años.
Su caso ha estado marcado por violaciones y falta de garantías de un proceso justo: padeció 10 años de retardo procesal, más de 25 audiencias diferidas y 10 reaperturas de juicio. Hoy las irregularidades continúan.
Luis Aguilera alerta que la apelación a la sentencia de 15 años volvió a recaer en la Sala Número 1 que anteriormente negó la medida sustitutiva de libertad, y en la que está el juez Rodhe Urbaneja, con el que hay una enemistad manifiesta
Aguilera señaló que el Código Procesal Penal establece que -desde que recibió el expediente-, la Corte de Apelación tiene un periodo de cinco días para admitir el recurso y luego un lapso de entre 5 y 10 días máximo, para que se realice la audiencia.
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La fecha tope para que se realizara la audiencia de apelación era el 4 de agosto y ocho días más tarde sigue sin realizarse. “Han transcurrido los lapsos que establece la norma y ni siquiera han admitido el recurso de apelación, lo que nos dice que esta Sala Número 1 va a emplear la misma práctica dilatoria y el mismo retardo procesal que en 2019, para negar los derechos de Rodney Álvarez”, dijo el jurista.
Pese a que el gobierno se califica como obrerista, sigue atropellando los derechos de Álvarez y desatendiendo los reclamos por su libertad. La Comisión de Encuestas de la Organización Internacional del Trabajo recomendó su liberación en 2019, solicitud que luego de casi dos años sigue siendo desatendida.
