Defensa de Maduro y Flores pide a juez permitir mostrar pruebas a los otros coacusados
Los abogados Barry Pollack y Mark Donelly argumentan que la orden protectora propuesta por la fiscalía federal impediría a los acusados consultar con cuatro coacusados no detenidos, entre ellos Diosdado Cabello. La defensa advierte que la medida viola derechos constitucionales y obstaculizaría la investigación de los cargos más sustantivos del caso. La parte acusadora dice que compartir esas pruebas puede poner en riesgo a testigos e informantes
El abogado Barry J. Pollack, representante de Nicolás Maduro en el caso federal que se adelanta en el Distrito Sur de Nueva York, presentó el 30 de marzo de 2026 una carta ante el juez Alvin K. Hellerstein para oponerse formalmente a un punto clave de la orden protectora propuesta por la fiscalía federal. El escrito conjunto también está firmado por Mark Donelly, abogado de Cilia Flores.
El punto en disputa es el párrafo 13 de esa orden, que prohibiría a la defensa compartir material probatorio con cuatro coacusados que aún no han sido detenidos: Diosdado Cabello Rondón, Ramón Rodríguez Chacín, Nicolás Ernesto Maduro Guerra y Hector Rusthenford Guerrero Flores. El escrito fue radicado mediante el sistema electrónico del tribunal (ECF) como Documento 299.
En los procesos penales federales de Estados Unidos, las pruebas entregadas a la defensa durante la etapa de discovery —la revelación obligatoria de evidencias— se clasifican en distintos niveles de restricción. El más básico permite que los materiales circulen entre las partes. Un segundo nivel, denominado «confidencial», autoriza a los abogados a compartir las pruebas con sus clientes, pero prohíbe su difusión pública.
El más restrictivo se conoce como attorneys’ eyes only —solo para ojos de abogados— e impide que el propio acusado vea los materiales: únicamente su representación legal puede acceder a ellos. Este último nivel suele aplicarse cuando las pruebas contienen identidades de testigos colaboradores, métodos de investigación encubierta o información de inteligencia cuya divulgación podría comprometer la investigación o poner vidas de testigos e informantes en riesgo. Es precisamente en este marco donde se inscribe la disputa sobre el párrafo 13 de la orden protectora: la fiscalía quiere impedir que los materiales probatorios lleguen también a los cuatro coacusados que permanecen fuera de custodia estadounidense, y aún con poder en Venezuela.
Pollack y Dinelly advierten en el documento que aplicar esa restricción «limitaría severamente la capacidad de Maduro Moros y Flores de Maduro de investigar las evidencias y defenderse plenamente de los cargos». La defensa subraya que los cuatro individuos mencionados aparecen referenciados en 13 de los 19 actos manifiestos de la conspiración que describe la Cuarta Acusación Formal Sustitutiva (Fourth Superseding Indictment): Cabello Rondón en siete de ellos; Maduro Guerra en tres; Rodríguez Chacín en dos; y Guerrero Flores en uno.
El escrito argumenta que esas cuatro personas poseen información «material para la defensa» y que, bajo la doctrina jurisprudencial establecida en Pinkerton v. United States (1946), la fiscalía buscará responsabilizar a Maduro y a Cilia Flores por las acciones de esos mismos individuos. Impedir que la defensa les consulte o les comparta evidencia equivaldría, en la lectura de Pollack, a «esposar» a los acusados en la investigación de los cargos más sustantivos en su contra.
La defensa también invoca la posibilidad de solicitar deposiciones bajo la Regla 15 del procedimiento penal federal, que permite al tribunal ordenar testimonios en circunstancias excepcionales cuando un testigo es material para el caso pero no puede comparecer en juicio.
Los abogados plantean que la restricción, de aprobarse tal como la propuso la fiscalía, violaría las garantías de la Quinta y Sexta Enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, que protegen el derecho a un juicio justo y a una defensa plena. Citó jurisprudencia del Segundo Circuito de Apelaciones para sostener que «el gobierno no tiene ningún derecho especial o privilegio para controlar el acceso a los testigos del juicio».
Respecto al argumento fiscal de que esos cuatro coacusados no son testigos potenciales porque se niegan a comparecer voluntariamente, Pollack y Donelly responden que esa lógica es incorrecta: aun sin aparecer en juicio, pueden proporcionar a la defensa información sobre evidencias exculpatorias o sobre otros testigos que podrían rebatir los argumentos de la fiscalía.
*Lea también: Transcripción | Así fue la segunda audiencia judicial de Maduro y Flores en Nueva York
Proponen alternativa
En lugar del texto original del párrafo 13, la defensa presentó una redacción alternativa que mantendría la restricción general pero incluiría una excepción cuando el propósito sea la defensa en este mismo caso y cuando los individuos compartan un interés común con los acusados. Cualquier material compartido bajo esa excepción debería hacerse, además, en condiciones de solo posesión por parte del abogado (attorney possession-only, APO), lo que implica que el documento no podría ser copiado ni redistribuido libremente.
Pollack señaló que los nueve casos citados por la fiscalía como precedentes no tienen valor como tales, porque en la gran mayoría las órdenes protectoras se acordaron entre las partes sin litigio, y ninguno de ellos presentó una disposición equivalente a la que ahora propone el gobierno.
La siguiente audiencia en el caso, que tiene como acusados principales a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, será ante el juez Hellerstein en el tribunal federal de Manhattan.
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