Decanos de tres universidades demandan aumento salarial ante TSJ, sin ajustes desde 2022
El salario mínimo venezolano se mantiene en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022, cuando equivalía a unos 30 dólares al mes. Los académicos plantearon que el incremento salarial debe «tomar en consideración» los precios de la canasta básica, que calcula el BCV
Decanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de las universidades Central (UCV), Zulia (LUZ) y Los Andes (ULA) demandaron al Estado venezolano ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por omisión constitucional de ajuste salarial, que no reciben del Ejecutivo desde 2022.
Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal casa de estudios del país, informó que introdujeron una demanda de omisión legislativa por la falta de ajustes salariales anuales, una medida que, explicó, contempla el artículo 91 de la Constitución.
«Estamos exigiendo a la Sala Constitucional que le ordene al Presidente de la República que cumpla con la Constitución, es decir, que decrete el aumento salarial para todos los trabajadores», declaró el abogado a la prensa este lunes 2 de febrero.
El salario mínimo venezolano se mantiene en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022, cuando equivalía a unos 30 dólares al mes. De acuerdo al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), este lunes esta cantidad equivale a 35 centavos de dólar.
«Si es verdad que hay un ánimo de rectificación en el Gobierno y sus instituciones, esta es la mejor manera de rectificar. Todos los trabajadores tienen derecho, merecen un salario justo, un salario digno», agregó en referencia a la disposición que han mostrado algunos funcionarios del Gobierno a corregir «errores».
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En este sentido, puntualizó que el incremento salarial debe «tomar en consideración» los precios de la canasta básica, que calcula el BCV.
Asimismo, explicó que su medida contempla también que los bonos que otorga el Gobierno a los trabajadores públicos -que sí han recibido ajustes en los últimos años- se consideren como parte del salario «para que incida» en las prestaciones sociales.
El profesor universitario señaló que el TSJ tiene 30 días para decidir, por eso pidió una resolución que «se haga rápidamente» pues, añadió, los trabajadores están «urgidos» para recibir este aumento.
Unas sesenta personas acompañaron la entrega del documento, incluyendo representantes sindicales y también los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Los Andes y la Universidad del Zulia, así como el secretario de la Universidad de Carabobo, todas públicas, autónomas y de las más grandes del país.
En los últimos años, la administración Maduro ha mantenido el salario mínimo sin aumentos, pero ha incrementado sus bonos, que, afirma, son para «evitar la inflación».
Los bonos gubernamentales a empleados públicos están compuestos por uno de alimentación, de 40 dólares, y otro llamado «ingreso de guerra económica», de 120 dólares, que no inciden en utilidades, vacaciones ni demás derechos laborales.
Profesores universitarios, estudiantes y otros gremios profesionales se concentraron frente al Tribunal Supremo de Justicia en apoyo a la acción jurídica realizada por los decanos universitarios.
Con información de la agencia EFE
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