De Labana Cordero a Siccat Torres, por Simón Boccanegra
Muy mal va lo del caso Siccat, el teniente que quemó vivo a un soldado en Maturín. El Consejo de Guerra Permanente de Maracay ignoró olímpicamente el conflicto de competencia planteado por un tribunal ordinario y dio curso al juicio. Ya anteriormente había desestimado la solicitud de la Fiscalía de que declinara voluntariamente su jurisdicción. El artículo 29 de la Bicha, se ha repetido hasta la saciedad, establece que los delitos contra derechos humanos, aún cometidos por militares, deben ser juzgados en sede ordinaria, es decir, civil. El tribunal militar ha pasado por encima del texto constitucional. Este minicronista no quiere prejuzgar en torno a cuál podría ser la sentencia del tribunal militar, pero más allá de que, incluso, condene a una pena severa al teniente Siccat, queda planteado este problema de principios respecto de lo difícil que resulta en Venezuela imponer los fueros del Estado de Derecho. El peso de la vieja cultura prepotente y arbitraria en el mundo castrense es todavía tal que un tribunal militar cree estar investido de una inmunidad especial que le permite irrespetar impunemente la Constitución y la Fiscalía. Por lo pronto, es evidente que los actos del Consejo de Guerra Permanente son nulos de toda nulidad. Así lo ha declarado Isaías Rodríguez. Lo que no se ve claro es qué hará Isaías si a pesar de esto el juicio culmina. ¿Se montará en un tanque y tomará la sede del CGP? A todas estas, mucho gusto le daría al país oír del conocido campeón de los derechos humanos, José Vicente Rangel, hoy casualmente ministro de la Defensa, una opinión que nos recuerde que sigue siendo la misma persona que escribió el libro sobre el caso Labana Cordero.
