Continúa presión a adolescentes detenidos tras el 28J para que confiesen culpa, según ONG
Los adolescentes detenidos después de las protestas del 28 de julio siguen siendo presionados para declararse culpables en audiencias preliminares, mientras que la Defensoría Pública les impide contar con abogados de confianza, según denuncia de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón ha alertado sobre nuevas denuncias de padres y madres cuyos hijos adolescentes, detenidos durante las protestas en el contexto electoral del 28 de julio, están siendo obligados a declararse culpables durante las audiencias preliminares, lo que constituye una grave violación de sus derechos humanos.
Dicha organización recordó que cualquier declaración obtenida bajo coacción carece de validez legal, según lo establecido en el artículo 49, numeral 5 de la Constitución de Venezuela que prohíbe que cualquier persona sea forzada a confesarse culpable o a declarar contra sí misma.
Además de la coacción, la ONG denuncia que la Defensoría Pública ha sido impuesta como representación legal de estos jóvenes, privándolos de la posibilidad de elegir a un abogado de confianza.
«Es muy preocupante y motivo de absoluto rechazo las denuncias sobre las actuaciones de la Defensoría Pública a la cual han sido obligados a aceptar como representación legal ya que les han impedido nombrar abogados de confianza, pues lejos de defender los derechos de estos jóvenes y promover los elementos de prueba aportados por las familias contribuyen con las irregularidades en los procesos y el irrespeto a las garantías judiciales», compartieron en un post de la red social X.
#ATENCIÓN Seguimos recibiendo denuncias de madres y padres a cuyos hijos adolescentes detenidos en el contexto electoral del #28J se les sigue intentando obligar a declararse culpables en las audiencias preliminares, lo cual es una gravísima violación a sus derechos humanos, pues…
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) October 16, 2024
El exhorto a las autoridades del sistema de justicia fue al restablecimiento del respeto de los derechos fundamentales y al cumplimiento del debido proceso, además de que cesen las prácticas contra el Estado de Derecho.
«Recordamos una vez más que la Constitución y las leyes establecen que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, y el Estado está en la obligación de hacer valer tales preceptos», finalizó el comunicado.
Anteriormente, la organización de derechos había compartido un pronunciamiento urgente sobre la situación de varios adolescentes detenidos en Valencia, quienes estaban siendo presionados para admitir delitos que no han cometido.
La ONG documentó que los adolescentes estado expuestos a conmociones psicológicas, como episodios de estrés y ataques de pánico por el hostigamiento que viven en los centros de reclusión.
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