Congreso de Perú rechazó reforma constitucional para adelantar elecciones presidenciales
Solo 49 votos a favor de los 87 necesarios en el Congreso de Perú para mayoría absoluta recibió una propuesta para sustituir un texto constitucional y permitir un adelantamiento de las elecciones generales de Perú para diciembre de 2023. La crisis política continúa en el país, con protestas que han ocasionado la muerte de alrededor de 20 personas, razón por la cual la CIDH efectuará una visita en los próximos días
El Congreso de Perú rechazó este viernes 16 de diciembre la introducción de un texto sustitutorio presentado por la Comisión de la Constitución, que proponía una reforma para adelantar las elecciones generales para diciembre de 2023.
Con 49 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones, la propuesta no obtuvo los 87 votos de mayoría absoluta necesarios para aprobar la reforma constitucional, pese a que el Pleno del Congreso recordó que queda pendiente una reconsideración del proyecto de ley.
La propuesta, impulsada por la comisión liderada por el diputado Hernando Guerra García, de Fuerza Popular, pretendía encontrar una alternativa para dar estabilidad al Poder Ejecutivo, puesto que la presidencia es ocupada por Dina Boluarte, quien asumió este cargo de manera provisional después de que el expresidente Pedro Castillo fuese destituido.
A raíz de la inestabilidad política en Perú y el enfrentamiento entre Castillo y el Parlamento, que culminó con el expresidente intentando efectuar un Golpe de Estado y reorganizar los poderes, los peruanos se lanzaron a las calles a protestar desde el pasado 7 de diciembre, inmediatamente después del intento golpista de Castillo.
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A lo largo de las últimas dos semanas, organizaciones sociales lideradas por sindicalistas, indígenas, estudiantes y campesinos han arremetido contra Boluarte y el Congreso, exigiendo la renuncia de la nueva presidenta y la disolución del Parlamento para acabar con la crisis política del país. Algunos grupos también demandan la liberación de Castillo, quien fue sujeto a prisión preventiva de 18 meses con acusaciones de autogolpe de Estado, rebelión, conspiración y abuso de autoridad.
Las protestas han causado la muerte de entre 16 y 20 personas, según estimaciones no confirmadas por el Gobierno. También se registran unas 56 personas heridas por enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del Estado.
A raíz de los disturbios, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitará Perú la próxima semana, para evaluar si se comete alguna violación de derechos humanos en este contexto. Además, el propio Castillo pidió al organismo que «intercediera por sus derechos» mientras se encuentra en la prisión.
«La CIDH anuncia que aceptó la invitación formal por parte del Estado para realizar una visita al país», informó el organismo para luego detallar que tendrían disponibilidad para hacer la visita entre el 19 y 21 de diciembre.
La presidenta Dina Boluarte no se ha pronunciado públicamente sobre la visita de la CIDH o de alguna petición para que el ente interceda en Perú.
