Confesiones bajo coacción y pruebas fabricadas: claman por justicia en caso drones
La oenegé Realidad Helicoide denuncia la «crueldad» con la que actuaron las autoridades en el caso de los drones y asegura que fue utilizado para la persecución política contra la disidencia
Al cumplirse ocho años del ataque con drones contra Nicolás Maduro durante un acto por el aniversario de la Guardia Naciona en la avenida Bolívar, en Caracas, la organización Realidad Helicoide exige justicia para todas las personas detenidas por esta causa.
«Lo que el régimen presentó como un proceso judicial legal tras la detonación de drones en la Av. Bolívar, se consolidó en realidad como una maquinaria de persecución política», señala la organización.
Al hacer memoria y el reclamo de justicia, la oenegé refiere casos como el de Emirlendris Benítez, «torturada hasta perder su embarazo de cuatro meses»; Wilder Vásquez, «mantenido tras las rejas aun después de haber cumplido su pena»; y el del general Héctor Hernández Da Costa, «víctima de arresto arbitrario y desaparición forzada».
Realidad Helicoide denuncia la «crueldad» con la que actuaron las autoridades, el uso de «confesiones bajo coerción», pruebas «fabricadas» y la negación del derecho a la defensa.
*Lea también: Foro Penal registra 382 presos políticos: la mayoría están en el Rodeo I y Ramo Verde
El caso de los drones
El 4 de agosto de 2018, dos drones con explosivos detonaron en la Av. Bolívar de Caracas durante un acto militar encabezado por Nicolás Maduro. El ataque generó una ola de detenciones arbitrarias a figuras de la oposición y ciudadanos sin afiliación partidista.
El 4 de agosto de 2022, el Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio de Terrorismo, a cargo de la jueza Hennit Carolina López Mesa, dictó penas por 30, 24, 20, 16 y 5 años para las 17 personas que supuestamente están vinculadas al caso de los drones con el que presuntamente asesinarían a Nicolás Maduro.
Los fiscales que llevaron el proceso de acusación fueron Farik Mora Salcedo y Dinora Bustamante Puerta. En abril del año pasado, la Corte de Apelaciones a cargo de la jueza Katherine Harrington ratificó su condena.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
