Con reclamos, tres leyes entregadas por Delcy Rodríguez a la AN superan primera discusión
El grupo parlamentario Libertad salvó su voto en la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos y otras dos normativas que provienen de Delcy Rodríguez. Diputados opositores destacaron la discrecionalidad que se le otorga al Ejecutivo para la anulación o derogación de leyes, bajo la propuesta de «aceleración y optimización de trámites», cuestión que entra en conflicto con la propia función del parlamento
La Asamblea Nacional, con el peso de la mayoría calificada del PSUV, aprobó tres proyectos de ley orgánica pese a las distintas «fallas» señaladas por las bancadas opositoras durante la sesión ordinaria de este jueves 22.
Las tres normativas en discusión este jueves fueron entregadas por Delcy Rodríguez durante la memoria y cuenta del pasado 15 de enero. Luego fueron incorporadas, junto a otras nueve leyes planteadas por el Ejecutivo, al Plan Legislativo anual aprobado en esta sesión ordinaria.
El diputado Orlando Camacho (PSUV) presentó la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Señaló que este proyecto «tiene tres grandes áreas de modificación», por medio de la incorporación o cambio de 18 artículos:
- Se incorporan «modelos exitosos de negocios» que derivan de la Ley Antibloqueo. Se tratan de los «contratos de participación productiva», explicó Camacho, donde la empresa operadora asume la gestión integral a su propio riesgo.
- Se proponen «mecanismos para garantizar la viabilidad de proyectos económicos en campos no desarrollados». Indicó que estos «requieren un equilibrio para construir un régimen fiscal… debemos tener flexibilidad en las regalías con tal que se pueda atraer inversión».
- Se «aumentan las garantías jurídicas para la inversión», al incorporar la mediación a través de mecanismos independientes para la resolución de conflictos.
Según Camacho, la reforma parcial de esta ley es un «paso audaz hacia la modernización del sector energético, asegurando que el petróleo siga siendo el motor de desarrollo económico de nuestro país».
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Del lado opositor, solo el grupo parlamentario Libertad salvó su voto, aunque se dijo que harán aportes a la segunda discusión.
El parlamentario Pablo Pérez (Unión y Cambio) dijo que después de la Constitución, la Ley de Hidrocarburos «es de importancia capital», pero en las discusiones «estamos quedando cortos» al no plantearse dentro de la reforma otros aspectos que afectan la producción petrolera.
«Quien vaya a invertir necesita seguridad jurídica… La apertura al capital privado. Aquí hay que caer en la realidad, que se ingrese el capital privado no significa que se pierda la soberanía… Resolver el tema de la carga tributaria y un sinfín de temas que, desde el punto de vista de hidrocarburos, se tienen que discutir», expresó.
Asimismo, informó que la bancada presentará a la plenaria una reforma a la Ley Orgánica que Reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos. Dijo que que esta norma, aprobada en 2009, representó una «matanza» y una «desolación» para la Costa Oriental del Lago de Maracaibo con la expropiación de empresas y la disminución de actividad petrolera en la zona.
Si bien la bancada Vamos Vamos Venezuela marcó su apoyo a la reforma, el diputado Felix Freites (Fuerza Vecinal) indicó que es necesario incluir dentro de las discusiones la protección de los trabajadores de la industria petrolera, pues con el cambio en el manejo de las empresas mixtas esos empleados ya no estarán a cargo del Estado venezolano.
También informó que presentarán un proyecto de ley de «asignaciones especiales para los Estados y Municipios», para que puedan verse beneficiados con los fondos por ingreso petrolero que informó el Ejecutivo en días pasado.
Por su parte, el diputado Miguel Pérez Abad (PSUV) dijo que «hay que hablar con la verdad y no responsabilizar al gobierno, que hizo lo que debía hacer en su momento» al responder a los señalamientos del exgobernador del Zulia. Instó a la bancada opositora a que «no se convierta en un elemento que retrase, que ralentice el desarrollo de las leyes».
Reconoció que la ley vigente está «caduca», por lo que requiere una modificación adecuada «para que el negocio petrolero sea mucho más transparente y que la inversión petrolera pueda venir».
«Hay que mejorar, capacitar y recuperar los campos maduros y luego, como lo planteaba Orlando Camacho, poner a producir los green fields, los campos verdes», dijo Pérez Abad, quien destacó que la industria petrolera venezolana necesita una inversión de unos 100.000 millones de dólares en los próximos cinco años, y luego otra inversión de 20.000 millones para potenciar la Faja Petrolífera y aumentar la capacidad de producción.
Cambio a los «precios justos»
La presentación del proyecto de ley orgánica «para la Protección de los Derechos Socioeconómicos» también trajo consigo varios reclamos del sector opositor. La normativa consta de 96 artículos, distribuidos en cinco capítulos, y propone la creación de una «Superintendencia de Protección de Derechos Socioeconómicos», un «sistema nacional de Observación de Precios» y un «Comité de Consumidores y usuarios», donde participarán organizaciones de base chavistas.
Según el diputado Ramón Lobo (PSUV), esta norma viene a sustituir el decreto de «precios justos», aprobado en 2015 y que trajo consigo un control de precios en bienes y servicios de primera necesidad durante años de contracción económica severa, cuestión que ocasionó escasez y largas colas en establecimientos.
Parafraseando a Delcy Rodríguez, el parlamentario dijo que hay que adecuarse «a los nuevos momentos políticos y económicos que vive la patria», por lo que se debe garantizar el acceso a bienes y servicios fundamentales.
Lobo dijo que la fijación de precios junto al empresariado forma parte de un «círculo» que beneficiará al salario de los venezolanos y el abastecimiento de productos en caso de una coyuntura.
La diputada Nora Bracho (Un Nuevo Tiempo) se refirió al artículo 117 constitucional, que habla sobre la libertad de actividad económica y la promoción de la iniciativa privada, y aseveró que «no es una sugerencia, es un mandato».
Bracho afirmó que esta propuesta de ley tiene varios «nudos críticos», al fomentar la «fragilidad de la libertad de elección».
«El proyecto habla de precios de bienes y servicios priorizados en circunstancias extraordinarios. Si el Estado se excede en la fijación de precios termina por aniquilar la oferta», destacó.
Asimismo, Bracho incluyó una mayor burocratización y vigilancia que puede terminar asfixiando al pequeño comerciante, así como los riesgos en cuanto a la discrecionalidad y proporcionalidad de las sanciones previstas en esta norma.
La parlamentaria aseguró que es necesario «actualizar todo el marco legal y despenalizar ciertas conductas que no debieron ser tratados como delitos penales, sino como faltas administrativas… Debemos actuar con racionalidad».
Además, pidió que esta ley «no se convierta en un ariete, sino en un escudo para el consumo. Que sirva para la productividad y nos solo para regular la escasez. Protejamos los derechos socieconómicos para garantizar que en este país producir sea libre y digno».
El parlamentario David Uzcátegui (Fuerza Vecinal) dijo que, a pesar de apoyar la reforma, también cree necesario una revisión a la figura del sistema nacional de observación de precios y otras disposiciones. «Si ustedes quieren que la economía eche pa’ lante, que la gente recupere su poder adquisitivo, debemos estimular que la mayor cantidad de capital nacional y extranjero ingrese a Venezuela».
Por su parte, el diputado Jesús Faría (PSUV) acusó a la oposición de no tener «autoridad moral» para hacer reclamos en este sentido, tras haber «avalado un bloqueo» y «sanciones del imperialismo».
Señaló directamente a los diputados de estar «asociados a los especuladores, a los usureros, porque precisamente están haciendo todo los posible para que no se apruebe una ley que atiende al pueblo trabajador».
Aceleración de Trámites
El proyecto de ley orgánica «para la Aceleración y Optimización de los Trámites y Procedimientos Administrativos de la Administración Pública», que consta de 13 artículos, tampoco pasó sin observaciones de fondo por parte de la bancada opositora.
En la presentación de la normativa, hecha por la diputada María Gabriela Vega (PSUV), se indicó que «es necesario erradicar normas y prácticas» que retrasan la gestión pública, por lo que es necesario «adoptar medidas urgentes desde el Ejecutivo para lograr acelerar y optimizar todas las diligencias administrativas en favor del pueblo venezolano».
Tanto Alfonso Campos (El Cambio) como Ezio Angelini destacaron la discrecionalidad que se le otorga al Ejecutivo para la anulación o derogación de leyes, cuestión que entra en conflicto con la propia función del parlamento.
Angelini también señaló que esta normativa debería permitir «entrar a la modernidad» y permitir la tramitación en línea de diversos procedimientos, como los registros e inscripciones de empresas, entre otros puntos.
¿Qué pasó antes de los debates?
El diputado opositor Stalin González (Unión y Cambio) afirmó en sus redes sociales que a las 9:38 a.m. de este jueves recibió las exposiciones de motivos de las leyes a discutir. Una hora después lograron tener acceso a los proyectos de ley. «¿Sobre qué esperan que debatamos si se desconoce el contenido de los proyectos o nos limitan el tiempo para dar un debate puntual y claro? Así no se puede cumplir a cabalidad el rol parlamentario», cuestionó.
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Los proyectos de ley, según el portal Bitácora Económica, fueron conocidos y aprobados primero por Estados Unidos, en medio de los acuerdos que ha impuesto la administración de Donald Trump al Ejecutivo venezolano –controlado por Delcy Rodríguez– tras los ataques militares y la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.
Sin mencionar directamente a González, el presidente de la Asamblea Nacional aseguró que la «única obligación» de la junta directiva es entregar la exposición de motivos, alcance y título del proyecto de ley. Dijo que la exposición fue entregada tras una reunión con el primer vicepresidente Pedro Infante.
«Diputadas y diputados de oposición, entiendo que ustedes quieran hacer el ruido suficiente para aparecer en la línea de las redes sociales, pero nos tratamos como caballeros o nos tratamos como lo que somos. Propongo que nos tratemos bajo la sindéresis y el respeto», dijo Jorge Rodríguez.
Por mayoría calificada, también se aprobó la «separación temporal» de seis parlamentarios para integrar distintos cargos dentro de ministerios, fundaciones y alcaldías. En el caso de José Alejandro Aranguren ahora fungirá como director general de la Alcaldía de Sucre (estado Miranda), mientras que Arnoldo Olivares será el nuevo director general de la Alcaldía de Maracaibo (estado Zulia).
José Walter Gavidia fue designado como presidente de la Fundación Juntos todo es Posible, Jessica Bello presidirá la fundación Gran Mariscal de Ayacucho, mientras que los diputados Gustavo Villapol y Alberto Alvarado ocuparán los viceministerios de gestión comunicacional y planificación y estrategia comunicacional, respectivamente, del Ministerio de Comunicación e Información.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
