Con marcha en Portuguesa se denunciará el cierre de emisoras de radio el #3Ene
El argumento que utilizó Conatel para justificar el cierre de las emisoras de Portuguesa fue el vencimiento de la concesión de ambas estaciones. Kalor operaba desde hace 12 años y Astro desde hace 20
La libertad de expresión será la bandera de reclamo de la sociedad civil en Portuguesa, que saldrá a las calles este lunes 3 de enero para marchar en rechazo al cierre de emisoras radiales en esta entidad por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Bajo el lema de «Portuguesa se niega a morir en silencio», se invita a la sociedad civil, diversos gremios, partidos políticos, estudiantes de comunicación social, anunciantes, locutores y periodistas al evento que iniciará a las 9:00 am en el Locatel de Acarigua.
La convocatoria fue difundida por el dirigente político militante de La Causa R, Luis Trincado, a través de su cuenta de Twitter.
Este #3Enero Portuguesa marchará contra la censura. #NoMasCierresDeRadio
Saliendo desde Locatel #Acarigua 9 AM pic.twitter.com/8Y7HELziSj
— Luis Trincado (@LuisTrincado) January 2, 2022
Este protesta se propone en respuesta al cierre sistemático de emisoras radiales que se ha evidenciado en las últimas semanas. En apenas dos días, el pasado 28 y 29 de diciembre, se cerraron Kalor 101.9 FM y Astro 97.7 FM, ambas de Portuguesa.
*Lea también: Conatel cierra programas de radio y emisoras en Barinas por informar sobre el 21N
El argumento que utilizó Conatel para justificar el cierre de las emisoras fue el vencimiento de la concesión de ambas estaciones. Kalor operaba desde hace 12 años y Astro desde hace 20.
Sin embargo, la venganza política es una tesis que podría tener más sentido en esta ocasión, pues las dos emisoras víctimas de la limpieza de Conatel son ambas propiedad del periodista Carlos Barrios, alcalde electo del municipio Ospino, territorio que gobernaba el Gran Polo Patriótico (GPP) mediante el alcalde Carlos Molina.
Para Barrios, la arremetida es una clara responde claramente a una venganza por haber ganado la alcaldía en las pasadas elecciones regionales celebradas el 21 de noviembre.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) denunciaron esta acción al considerarlo una violación a la libertad de expresión.
“Como defensores de la libertad de expresión y como institución gremial exigimos a las autoridades gubernamentales garantías en el cumplimiento del derecho a informar y estar informados”, reclamó el CNP en un comunicado.
