Comité de familiares de desaparecidos denuncia negligencia y complicidad
Señalan que las autoridades locales y nacionales los humillan, les niegan información y se rehusan a recibir datos que permitirían ubicar a los desaparecidos
El Comité de familiares de desaparecidos en las embarcaciones (Jonaily José y Ana Maria) que zarparon desde Guiria y cuyos tripulantes siguen sin ser localizados denunciaron que han sido víctimas de un círculo de negligencia y maltrato, en el que las autoridades locales y nacionales responsables de asumir el rescate de estas personas han actuado en complicidad para tapar las fallas en el procedimiento de rescate y no han prestado la debida atención a este caso, en el cual existen diversos indicios de que se trata de un caso de tráfico de personas.
Ambas embarcaciones zarparon desde el municipio Valdez del estado Sucre, hacia Trinidad y Tobago. Los familiares señalaron que las autoridades competentes inmediatas, según la Ley Organica de Espacios Acuáticos, la Ley General de Marinas y actividades conexas: el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA) y el Comando de Guardacostas de la Armada, tienen la responsabilidad directa en la coordinación, búsqueda y rescate de embarcaciones, pero hasta «el día de hoy NO han sido diligentes ni efectivos en planificación o ejecución de las labores de búsqueda de las 60 personas que iban a bordo de ambas embarcaciones».
A través de un comunicado, los familiares expresaron que a pesar de lo que establece la Ley en cuanto a que la búsqueda y salvamento acuático es de carácter público, «las autoridades en Guiria nos han cerrado la puerta en la cara, se niegan a dar respuesta a nuestras exigencias, así como a ofrecernos información oficial, veraz y oportuna sobre los sucesos. El Comandante de la Estación Guardacostas de la Zona Atlantica y el ViceAlmirante de la ZODI, se rehúsan a recibir a los familiares de las víctimas, por el contrario, hemos recibido maltratos y somos atendidos como si fuésemos ciudadanos de segunda».
Los familiares especificaron que ha transcurrido más de un mes de la desaparición de la primera embarcación, y aún así jamás se les presentó un plan de búsqueda ni gestión alguna, y tampoco les han permitido aportar elementos de información que han recabado por su cuenta que permitiría la búsqueda e investigación de ambos siniestros.
Explican en el documento que el miercoles 22 de mayo, siete días después de que zarpó la segunda embarcación, se enteraron de manera extraoficial de la suspensión de la búsqueda, la cual inició de manera tardía, inapropiada e ineficiente, según expresaron.
«En esta situación solo ha prevalecido el mal carácter de los jefes militares quienes parecieran olvidar que a pesar de los grados militares y medallas que ostentan, tienen y tendrán responsabilidades civiles, penales y administrativas en todas sus actuaciones y omisiones. Igualmente el gobernador del estado, Edwin Rojas y del alcalde de Güiria, Ender Charles, por su apatía y negligencia en el caso», enfatizan.
El Comité de familiares creado luego de la desaparición de los tripulantes de las embarcaciones que fueron declaradas como naufragios, a pesar de que no hay indicios de ello, agregan que cuando se dirigen al Comando de Guardacostas son atropellados por «el Capitán de Navio Angel Sisco Mota, el vicealmirante Freitas o peor aún, por el guardaespaldas del almirante de la ZODI, quien nos humilla y maltrata».
Detallan una serie de irregularidades en los casos, como por ejemplo, que del único rescatado y también capitán de la embarcación Ana María, todavía se desconozca su paradero y que no se haya investigado su participación en el hecho, porque según las autoridades de Trinidad y Tobago, tiene antecedentes penales por trata de personas.
«¿Quién ha investigado sobre los despachos y zarpes otorgados por la Capitanía de Puerto y el Seniat a la embarcación? ¿Quién firmó esos despachos y zarpe? Sabemos que estas autoridades cobran hasta 500 dólares por embarcación sin importar las condiciones al momento del zarpe, ni mucho menos las vidas humanas en peligro. Todos los antes mencionados son cómplices y se tapan uno al otro. Aquí están involucradas la mayoría de las autoridades civiles y militares».
Señalan que es del conocimiento público que en Güiria se comete el delito de Trata de Blancas, Tráfico de Seres Humanos y Contrabando de Materiales Estratégicos hacia Trinidad y Tobago ante la mirada cómplice de las autoridades civiles y militares», afirman los familiares quienes aseguran que no descansarán hasta que se investigue lo que ocurrió.
