CLAVES | Lo que sabemos (y no) del acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela
El nuevo acuerdo petrolero combina un inédito control institucional de Washington, metas de producción cuestionadas por el deterioro industrial y la sombra de un mediador salpicado por corrupción
La llegada a Caracas del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, busca sellar sobre el terreno las conversaciones del que ha sido presentado como «el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial».
La visita del funcionario estadounidense se produce un día después de que la Asamblea Nacional respaldara el pacto anunciado previamente por la Casa Blanca. Sin embargo, más allá del despliegue diplomático y las promesas de inversión multimillonaria, la letra chica del negocio deja al descubierto profundas grietas e inconsistencias que las vocerías oficiales de ambos países han preferido omitir.
La información pública del acuerdo petrolero
El pacto contempla la entrega de concesiones sobre 17 yacimientos petroleros, incluyendo el desarrollo de ocho «campos verdes» en la Faja Petrolífera del Orinoco, cuyo potencial probado de 65.000 millones de barriles, cerca del 21,5% de las reservas totales de Venezuela, estimadas en aproximadamente 303.000 millones de barriles.
La empresa privada designada para la operación es North American Blue Energy Partners (Nabep), propiedad de Alejandro Betancourt con sede en Barbados, que prevé una inversión de $100.000 millones para recuperar la infraestructura petrolera y de gas, así como el pago de más de $209 mil millones en ingresos fiscales para el Estado venezolano.
Actualmente, Nabep es la segunda mayor productora de crudo de Venezuela, con una producción superior a los 200.000 barriles diarios. La compañía emplea directamente a más de 5.000 personas y presta servicios a más de 10.000 contratistas en todo el país.
¿Cómo se reparte la cochina?
Nabep tendrá el control operativo del negocio, mientras que EEUU conservará los derechos de participación de 35% en la compañía, a través de la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra.
Asimismo, El Departamento de Estado de EEUU aseguró el acceso preferencial a 20% de la producción de la empresa a precio de costo, que se destinará a la recarga de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) y al suministro de «usos militares y otros sensibles», manteniendo además opción de primera compra sobre el 80% restante en emergencias.
De igual modo, Washington retendrá capacidad de veto sobre los miembros de la junta directiva de Nabep —que debe ser de mayoría estadounidense— y cualquier disputa se resolverá con auditores, abogados y asesores estadounidenses.
Consultado por Noche D, el programa de TalCual, Oswaldo Felizzola, coordinador del Centro de Energía y Ambiente del IESA, explicó que lo insólito de este acuerdo petrolero no es que empresas privadas negocien con Venezuela, algo habitual en la historia del sector, sino que sea directamente el gobierno de Estados Unidos —con el Pentágono, el Departamento de Estado y el Departamento de Energía involucrados— quien asuma ese rol.
Por su parte, Delcy Rodríguez, encargada del Ejecutivo, dijo que se fijarán regalías mínimas —el pago obligatorio que realizan las petroleras al Estado por extraer sus recursos naturales— de 16% sobre las operaciones y un impuesto sobre la renta de 34%.
*Lea también: Alejandro Betancourt tras acuerdo con EEUU: Generará ingresos fiscales a Venezuela
Petróleo y otros beneficios geopolíticos
Las reservas estratégicas estadounidenses se han visto enormemente reducidas debido a la guerra iniciada en febrero por Washington contra Irán. Actualmente están en torno a los 290.000 barriles, un nivel no visto desde 1983 cuando el depósito aún sufría los efectos de la segunda crisis del petróleo.
Actualmente, Venezuela es la segunda fuente de petróleo importado para EEUU, solo por detrás de Canadá, según la Administración de Información Energética. Este año, la nación norteamericana ha cuadruplicado con creces sus compras de crudo venezolano, alcanzando un volumen en torno a los 600.000 barriles diarios.
Pero además de llenar el hueco mediante este acuerdo petrolero, Washington justificó la asignación señalando que los campos asignados «fueron previamente controlados u operados por empresas rusas y chinas», argumentando un repliegue de la influencia extranjera bajo la Doctrina Monroe.
La respuesta diplomática de Pekín no se hizo esperar: el gobierno chino exigió salvaguardar las inversiones y contratos vigentes de sus estatales CNPC y Sinopec, recordando que la cooperación bilateral está amparada por el derecho internacional.
Lo que se espera producir
La vocería oficial proyecta que el acuerdo petrolero permitirá añadir 1,5 millones de barriles diarios a la producción, lo que acercaría al país a las cifras de la década de 1990, cuando la industria superaba los 3 millones de barriles por día.
Sin embargo, tras años de desinversión y un deterioro que desplomó la producción hasta un mínimo de 500.000 barriles diarios en 2019, la meta luce distante. El economista Asdrúbal Oliveros advirtió que no basta con promesas de financiamiento. Se requiere capital real, tecnología, capacidad técnica y acceso estable a los mercados.
«Una cosa es anunciar inversiones multimillonarias y otra muy distinta es lograr que ese dinero efectivamente se convierta en pozos, infraestructura y producción. Son proyectos que necesitan años para madurar y exigen algo que Venezuela no ofrece desde hace tiempo: reglas claras y previsibles. Se requiere seguridad jurídica, contratos que se respeten y una institucionalidad que no dependa de los vaivenes políticos en Caracas o Washington», señaló el director de Ecoanalítica a través de su cuenta en X.
Opacidad como política
Tras el anuncio oficial de $200.000 millones en ingresos tributarios, economistas calcularon que Venezuela apenas recibiría $3,22 por barril, «menos de la mitad de la tasa de regalías contemplada en las concesiones de Juan Vicente Gómez», denunció el investigador Francisco Rodríguez.
Luego, el sábado 30 Delcy Rodríguez detalló que «por cada barril producido y vendido cerca de 19 dólares ingresan directamente a nuestro país», casi seis veces más que lo calculado inicialmente.
Los tiempos de este nuevo acuerdo petrolero tampoco están del todo claros. Mientras los documentos filtrados desde EEUU señalan que las concesiones se otorgan por un lapso de 100 años, el Ejecutivo venezolano dijo que el plazo sería de 25 años.
Para rematar, la ciudadanía conoció el histórico acuerdo por un mensaje de Donald Trump la noche del 28 de agosto. Delcy Rodríguez confirmó la información esa misma noche, pero no fue sino hasta el sábado 30 en la noche que dio más detalles al respecto.
Por su parte, la Asamblea Nacional esperó hasta el martes 1 de septiembre para abordar el tema y votó un respaldo a ciegas: el convenio no se leyó en la sesión ni se ha publicado su texto.
Incluso el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aclaró que el acuerdo binacional «no ha sido consignado por quienes deben hacerlo», que son EEUU y Venezuela y enfatizó que el Parlamento está «acordando respaldar el anuncio binacional». Dijo que cuando se firme el acuerdo entre los gobiernos será debatido para conocer los beneficios.
El cuestionable negociador
La fama del director ejecutivo de Nabep le precede. Alejandro Betancourt ha sido investigado en España, Suiza y Estados Unidos por presuntos delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal en operaciones relacionadas con la petrolera estatal venezolana Pdvsa, acusaciones que él rechaza.
De acuerdo con Transparencia Venezuela, el empresario amasó su fortuna muy joven a través de su empresa Derwick Associates de Venezuela S.A. Logró 12 contratos en menos de 14 meses para la construcción de plantas eléctricas en distintos estados del país, sin que su empresa mostrara trayectoria comprobada en la ejecución de obras civiles.
El gobierno del entonces presidente Hugo Chávez pagó a la empresa $2.900 millones en presuntos sobreprecios, según cálculos de la ONG. Varias de las plantas prometidas nunca funcionaron y, hasta el sol de hoy, el país sigue sumido en una grave crisis eléctrica. La investigación que se abrió en Venezuela cerró en 2015, bajo el argumento de que no había pruebas que demostraran alguna irregularidad en las contrataciones.
El empresario adquirió una participación en Petrozamora, compañía que explotaba campos maduros en el lago de Maracaibo, en el occidente venezolano. Esos activos terminarían constituyendo la base de North American Blue Energy Partners.
The Washington Post reveló que altos funcionarios estadounidenses interfirieron en el proceso judicial en Suiza contra Betancourt para poner fin a las restricciones de viaje en su contra y que cumpliera con su rol de mediador entre la Casa Blanca y Miraflores.
De acuerdo con El País de España, el empresario asesora a Delcy Rodríguez en la reactivación petrolera, la minería y la reestructuración de la deuda, el proceso de negociación para modificar los plazos y condiciones de pago de los préstamos internacionales del país.
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