Cierre de última sucursal de Abastos Bicentenario: el otro gran fracaso de Maduro
De momento, la tienda en Charallave es la única de la treintena que inicialmente tuvo en Distrito Capital y 13 estados del país el proyecto lanzado por el fallecido Hugo Chávez en 2010, tras las expropiaciones de las cadenas Cada y Éxito
Tras el cierre entre mayo y junio de las sedes de Abastos Bicentenario en Terrazas del Ávila y en Valencia, lo único que aún mantiene con vida el proyecto en materia alimentaria creado por el fallecido Hugo Chávez es la sucursal en Charallave y la sede corporativa en Sabana Grande, Caracas. Al menos por ahora.
La administración de Nicolás Maduro dio plazo hasta final de este mes para que ambas instalaciones sean cerradas, y de esta manera finiquita la muerte de la Red de Abastos Bicentenario (Rabsa) luego de una agonía que se ha prolongado por más de tres años, desde que el gobernante mandó a reestructurarla en 2016 para “acabar con la corrupción”.
“Solo queda la sucursal de Charallave, que me informaron que lo cerrarán muy pronto, y la sede en Sabana Grande, que dieron aproximadamente 21 días para cerrarla”, aseguró Jorge Lastra, directivo del sindicato de Rabsa
La medida tomada por Maduro tres años atrás significó el inicio del fin de la cadena pública de supermercados que Chávez lanzó en 2010 tras las expropiaciones de las cadenas Cada y Éxito y suscritas a la Misión Alimentación, un sistema que el exmandatario puso en marcha en abril de 2003 cuando creo la red Mercal, primer eslabón de una cadena a la que meses después se agregaría Pdval, dos figuras hoy prácticamente inexistentes y de amarga recordación por el historial de corrupción que acumularon, uno de los casos de desfalco de fondos públicos más importantes de la era Chávez.
Según la página web de Abastos Bicentenario, la red contó con 34 sucursales en el Distrito Capital y 13 estados del país. En la región capital, las tiendas estuvieron ubicadas en Las Mercedes, Los Ilustres, Macaracuay, Montalbán, San Bernardino, CCCT y Plaza Venezuela. Todas fueron cerradas y algunas se convirtieron en Tiendas CLAP, en manos de privados.
El cierre de la sucursal de Plaza Venezuela se veía venir a inicios de 2018. Allí, lo único abundante era la escasez de comida. Algunos pasillos lucían desiertos de productos, mientras que otros estaban surtidos de un solo alimento, como pasta importada de Turquía, por la ausencia de los artículos básicos como mantequilla, harina, azúcar, arroz, leche en polvo y aceite. Los consumidores también padecían los embates de la escasez y de la hiperinflación en estos supermercados socialistas.
Un futuro diferente al que Chávez prometió que tendría Venezuela cuando inauguró el 8 agosto de 2012 el Gran Abasto Bicentenario de Zona Rental, “el más grande del país”. En ese entonces dijo que convertiría a la nación en una verdadera potencia alimentaria y que gracias a los planes alimenticios que su gobierno había impulsado, los venezolanos habían mejorado su consumo.
Ahora, la sucursal es una especie de comando de la Guardia Nacional, donde los militares guardan sus motos y vehículos blindados como las tanquetas y las «ballenas», principalmente cuando la oposición convoca protestas. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) también se acomodaron en las instalaciones del clausurado supermercado.
En manos de Salva Foods
En julio de 2018, cerraron los establecimientos ubicados en el CCCT, Macaracuay y Guarenas para convertirlos en Tiendas CLAP. La medida afectó a aproximadamente entre 150 y 200 trabajadores, que fueron despedidos y liquidados, según Lastra.
Diez meses después, el 9 de mayo pasado, la sucursal en Terrazas del Ávila cerró sus puertas y dejó en la calle a 200 trabajadores, sumándose a los más de 10.000 empleados despedidos desde que Maduro ordenó reestructurar la red.
“Los abastos se los vendieron a la empresa privada Salva Foods para convertirlos en unas Tiendas CLAP, que no tienen nada que ver con el CLAP del Estado. Los vendieron sin importarles las condiciones de los trabajadores, algunas están en estado de gravidez, con enfermedades ocupacionales y otros con fuero maternal y paternal. Simplemente decidieron liquidar las tiendas y obligar a los empleados a renunciar”, afirmó Lastra.
“Estamos denunciando que nos botaron y que no nos dan una respuesta. Ni siquiera nos liquidaron. Los jefes de alto rango no quieren venir para acá. No dan la cara porque no tienen respuestas”, denunció una trabajadora el 9 de mayo en Terrazas del Ávila.
A inicios de este mes, empleados del Abasto Bicentenario ubicado en Valencia, estado Carabobo, protestaron tras la supuesta venta del supermercado a la empresa Salva Foods, pues al menos 159 trabajadores quedarían en la calle.
Un sindicalista, quien solicitó el anonimato, dijo que poco a poco Rabsa está liquidando a los trabajadores, y que la empresa Salva Foods ya tomó las instalaciones. “Esto fracasó porque por la sucursal pasaron muchos gerentes que no supieron administrar y que se robaban la mercancía para ellos mismos venderla a sus familiares y conocidos. Monopolizaban la mercancía. A veces llegaban cauchos y ellos los agarraban, más nadie gozaba de ese beneficio. Los trabajadores solo recibíamos el mercado obrero”, aseguró.
Arvilio Hidalgo, coordinador del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora en Carabobo, expresó: “Se desmantela la red de distribución que dejó Chávez para que el pueblo pudiera adquirir artículos alimenticios a precio accesibles. Ahora los productos en el Abasto Bicentenario serán vendidos a precios elevados, acción que irá en contra del poder adquisitivo del consumidor”.
En 2018, el portal Armando.Info denunció que una desconocida empresa llamada Salva Foods 2015 es la beneficiaria actual de ese negocio: “Se llaman Tiendas CLAP y se confunden con una empresa estatal, con expendios de alimentos en los que alguna vez fueron locales de los Abastos Bicentenario. Detrás de esa operación reaparece la sombra de los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, quienes desde inicios de 2017 están vinculados a los CLAP gracias a una fantasmal sociedad registrada en Hong Kong”.
Fracaso anunciado
“No tenemos intención de nacionalizar absolutamente nada. Incluso hemos dicho que nosotros estamos dispuestos a darles facilidades aún más de las que hay a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas: agricultura, agroindustria, petroquímica, industria gasífera, todo lo que es el desarrollo del país, porque tenemos un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada”, dijo Chávez a Univisión el 5 de diciembre de 1998, un día antes de las elecciones presidenciales.
Doce años después, el 26 abril de 2010, Diosdado Cabello dijo en rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que la propiedad privada no es sagrada “porque en la Constitución no dice así”
Entre las intervenciones ejecutadas en 2010 resalta la de las cadenas Hipermercados Éxito y Cada, ambas propiedad de la empresa Cativen, de capital franco-colombiano. La medida de expropiación de la cadena Éxito fue anunciada el 17 de enero de 2010, en medio de la lucha contra la especulación, de acuerdo con el libro Gestión en rojo, escrito por Anabella Abadi y Bárbara Lira.
En efecto, Chávez justificó su decisión de adquirir forzosamente esas grandes cadenas de supermercado al asegurar que especulaban, cuando en realidad según el Banco Central de Venezuela (BCV) en 2010 la inflación cerró en 27,2%.
“El 19 de enero fue declarada la utilidad pública de los establecimientos donde funcionaba Almacenes Éxito, el 21 de enero fueron tomados los depósitos de la empresa, y al día siguiente se decretó la expropiación de los hipermercados con carácter de urgencia para la constitución de la Corporación de Mercados Socialistas (Comerso). Luego, el 17 de febrero, el Ejecutivo acordó comprar a Cativen 80% de sus acciones, incluyendo la propiedad de los automercados Cada”.
Comerso, creado el 22 de diciembre de 2009, se encargaría de coordinar los diversos proyectos de distribución del gobierno nacional y tendría como responsabilidades las areperas socialistas, una futura red de concesionarios automotrices, tiendas del Alba, mercados mayoristas, ferias, farmacias socialistas y (centros para el) comercio exterior. La adquisición forzosa de los Hipermercados Éxito y Cada en 2010 fortalecería a la corporación, añaden Abadi y Lira.
Ana Carrasquero, investigadora del Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad, expresó que desde el principio era evidente que la Red de Abastos Bicentenario fracasaría, como pasó con todos los proyectos emprendidos desde el “fracasado” socialismo del siglo XXI, “que terminó por ser la más grande estafa que hemos vivido como nación”.
El Estado no está para cumplir funciones de empresarios, está para hacer que se cumplan y se respeten las garantías a la libertad económica, al Estado de derecho y al derecho de propiedad”, dijo
La ONG Transparencia Venezuela señalo en el informe Empresas propiedad del Estado en Venezuela que la dramática situación en el país -considerada como crisis humanitaria desde 2016-, es en parte responsabilidad de “la pésima gestión” de las empresas públicas de los sectores manufactura, agroindustrial y comercial.
Carrasquero añadió que la libertad económica es fundamental para el desarrollo y la prosperidad de una nación, sin ella se cercenaría la libertad de los individuos a decidir qué, cómo, cuándo y dónde comprar algún producto.
En septiembre pasado, Venezuela se ubicó en el puesto 179 de 185 países analizados en 2018 para medir el grado de libertad económica, según The Heritage Foundation. El país se situó en el último lugar entre las naciones de América Latina, incluso por debajo de Haití.
