Cierra operaciones la estatal venezolana en Costa Rica, Alunasa
Los problemas de Alunasa se remontan a antes de las sanciones y responden a causas principalmente administrativas que le llevaron a contraer deudas con sus colaboradores desde 2018
Pasar de ser una de las empresas venezolanas más prolíficas en el exterior a la quiebra y el cierre técnico de las operaciones es la historia que define a Aluminios Nacionales S.A. (Alunasa), perteneciente a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
La compañía con sede en la provincia de Puntarenas, en Costa Rica, anunció el cierre total de sus operaciones mediante la entrega de cartas de despido a los trabajadores, en las cuales se especificaba que el motivo de los despidos era la suspensión de actividades en la compañía.
De esta manera, 176 trabajadores de Alunasa quedaron sin empleo, dependiendo además de una promesa de la empresa que destaca el compromiso de cumplir con el pago de las prestaciones correspondientes, de acuerdo con lo que contemplen las leyes de Costa Rica.
La situación de Alunasa era una bomba de tiempo a punto de estallar, pues durante los últimos dos meses ha permanecido inoperativa. En este período, los trabajadores recibieron un permiso con goce de salario, pese a que los salarios no han sido pagados.
De acuerdo con la gerencia de la compañía, este colapso se produjo a raíz de las sanciones de Estados Unidos y el reconocimiento de Costa Rica al gobierno interino de Juan Guaidó. Por lo tanto, señalan al gobierno costarricense como responsables directos del cierre.
«176 trabajadores de Alunasa que están quedando en la calle son víctimas de que Costa Rica metió sus narices en el conflicto interno de Venezuela y rompió relaciones con ese país. Ahora estos trabajadores sufren el despido por estas cuestiones geopolíticas que nada tienen que ver con sus vidas laborales y el desarrollo económico del cantón de Esparza», razonó el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
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Sin embargo, los problemas de Alunasa se remontan al pasado y responden a causas principalmente administrativas que le llevaron a contraer deudas con sus colaboradores desde 2018.
Tras otorgarles un permiso con la promesa de pagos salariales futuros, la presidencia de Alunasa acudió al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con la finalidad de solicitar una suspensión de los contratos del 90% de los trabajadores de la firma.
Empezó un proceso de negociación entre la compañía, los trabajadores y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Se alcanzó el acuerdo de extender los permisos con goce de salario, recalcular las deudas y suspender beneficios adicionales.
No obstante, estos acuerdos fueron revisados por las autoridades costarricenses, ya que descubrieron que Alunasa había operado con total normalidad durante 2020 y 2021, sin resultar afectada por las sanciones esstadounidenses.
*Con información de Swiss Info
