CIDH manifiesta preocupación ante medidas para controlar la migración en Ecuador
El ente expone que la solicitud de documentos legalizados y apostillados perjudica a migrantes con casos de vulnerabilidades y/o necesidades de protección
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por nuevas medidas tomadas por Ecuador para responder al flujo migratorio proveniente de Venezuela, que incluyen la exigencia de documentos apostillados o legalizados y el establecimiento de controles policiales en el Puente Internacional Rumichaca, en la frontera con Colombia.
En este sentido, la Comisión insta a Ecuador a garantizar los derechos de las personas venezolanas, primordialmente en lo referido a buscar y recibir asilo, la no devolución, la igualdad y la no discriminación.
A pesar de estas preocupaciones, la CIDH reconoce el trabajo de Ecuador a la hora de abordar la crisis migratoria. Resalta que hasta el 31 de enero de 2019, el Estado había otorgado 101.404 visas y había admitido 2.500 solicitudes de asilo.
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«A nivel regional, la CIDH reconoce el liderazgo que ha tenido el Estado ecuatoriano en el “Proceso de Quito”, en cuyo contexto los países de la región han firmado la Declaración de Quito sobre la Movilidad Humana de Ciudadanos Venezolanos en la Región y el Plan Acción del Proceso de Quito sobre la Movilidad Humana de Nacionales Venezolanos en la Región», expone un comunicado.
No obstante, advierten que han recibido información de que, a partir del pasado 15 de febrero, se limitó el paso peatonal del Puente Internacional Rumichaca y se estableció un control policial y migratorio que solo permite el ingreso a Ecuador de las personas que acrediten los documentos exigidos. Esta situación ha provocado que cientos de personas sin estos papeles pudiesen ingresar al territorio ecuatoriano o se vieron en la obligación de hacerlo a través de cruces irregulares.
Esta medida se tomó sin que se considerasen la implementación de salvaguardas que permitieran a las autoridades identificar y atender casos de vulnerabilidades y/o necesidades de protección, que deben otorgarse más allá de las políticas implementadas según las disposiciones internas.
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La CIDH también asegura haber recibido información sobre rechazos en la frontera y expulsiones colectivas de ciudadanos venezolanos que ingresaron a Ecuador por vías ilegales.
Las medidas para controlar la migración fueron ampliadas por el gobierno ecuatoriano después de que se produjera un incidente en el cual un venezolano asesinó a una mujer embarazada en la ciudad de Ibarra. Tras este hecho, hubo una explosión colectiva que derivó en la expulsión de los venezolanos que vivían en esa ciudad a mano de los propios civiles ecuatorianos.
