CIDH eleva ante Corte Interamerica de Derechos Humanos caso de exconcejal Fernando albán
El organismo concluyó que el Estado es responsable por detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial, por lo que solicitó reparaciones económicas a la familia de Albán, el esclarecimiento de la cadena de mando y reformas institucionales en la Fiscalía
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó este martes 25 de agosto que el pasado 5 de agosto sometió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el expediente correspondiente al exconcejal del municipio Libertador, Fernando Albán, quien falleció en octubre de 2018 mientras permanecía bajo custodia de funcionarios del Estado venezolano.
El organismo multinacional detalló a través de un comunicado que el procedimiento, registrado bajo el Caso N.º 14.267, determina la responsabilidad internacional del Estado por la detención arbitraria, tortura, desaparición forzada de corta duración y ejecución extrajudicial del dirigente político, así como por las agresiones cometidas contra su núcleo familiar y los niveles de impunidad en las investigaciones internas. De acuerdo con el informe de admisibilidad y fondo N.º 320/25, la aprehensión de Albán respondió a un móvil discriminatorio fundado en su militancia en el partido Primero Justicia.
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Albán fue arrestado el 5 de octubre de 2018 sin orden judicial tras retornar de una comisión de trabajo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Tres días después, la Fiscalía General informó públicamente sobre su fallecimiento en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Plaza Venezuela, bajo una hipótesis de suicidio que fue desestimada por sus familiares e instituciones independientes. En 2021, el Ministerio Público reconoció que el dirigente fue asesinado por dos efectivos del Sebin, quienes recibieron una pena de cinco años y 10 meses de prisión tras admitir los hechos.
En la solicitud cursada ante el tribunal interamericano, la CIDH demandó el establecimiento de medidas de reparación integral económica y moral, la apertura de un proceso penal imparcial que determine la cadena de mando involucrada y la anulación de los antecedentes judiciales labrados contra la víctima. Asimismo, el organismo instó a disponer garantías de no repetición que refuercen la independencia del Ministerio Público y la capacitación institucional en materia de custodia de privados de libertad.
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