CIDH condena inhabilitaciones: Crean ambiente de persecución y desmotiva el voto
La CIDH advierte que el apartar de las elecciones a «reconocidos dirigentes de la oposición» anula la posibilidad de elecciones libres en Venezuela. Recordó además que una inhabilitación debe venir con una sentencia penal
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este miércoles 31 de enero las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos contra varios líderes opositores, decisiones que a su juicio forman parte de regímenes autoritarios.
De acuerdo con el comunicado, la CIDH exhortó al Estado venezolano a tomar medidas «dirigidas a reconstruir la democracia y garantizar la participación política de todos los sectores», debido a que consideran que la actual situación política -con dichas resoluciones- crea un ambiente de persecución y no motivan la participación ciudadana.
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En ese sentido, refirió las acciones previas a las sentencias del TSJ como la persecución y detención arbitraria de dirigentes opositores y sindicalistas (como los tres jefes del comando de campaña de María Corina Machado y el profesor Víctor Venegas), la ley contra las ONG y las declaraciones «estigmatizantes» que altos funcionarios del Gobierno profieren por medios de comunicación estatales.
Además, la CIDH advierte que el apartar de las elecciones a «reconocidos dirigentes de la oposición» -haciendo referencia a la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, y el exgobernador Henrique Capriles- deja en evidencia que el sistema de justicia «no ofrece garantías de independencia e imparcialidad y que éste ha jugado un rol significativo en la represión de opositores al gobierno» y, también, anula la posibilidad de realizar elecciones libres y competitivas en 2024.
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«Conforme a estándares interamericanos, para consolidar y proteger un ordenamiento democrático respetuoso de los derechos humanos, este tipo de sanciones únicamente puede ser impuestas mediante una condena por un juez o una jueza en el marco de un proceso penal», destacó el organismo interamericano.
El 26 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dio a conocer una serie de decisiones que tenían como objeto revisar las inhabilitaciones impuestas por la Contraloría en contra de dirigentes opositores.
En dichas decisiones, el TSJ decidió levantar temporalmente las inhabilitaciones de Leocenis García, Richard Mardo, Pablo Pérez, Zulay Medina, Daniel Ceballos y Rosa Brandonisio de Scarano, y mantener la prohibición de ocupar cargos de elección popular a Henrique Capriles y María Corina Machado.
