Casi un billón de bolívares pierde el fisco por venta de cigarrillos ilícitos
Comparado con 2018, el comercio ilícito de cigarrillos ha incrementado un 300%, propiciado por las actividades de contrabando y falsificación de estos productos
Cigarrera Bigott denuncia que, a raíz del comercio de cigarrillos ilícitos en el país, el fisco nacional habría perdido al menos Bs 965.600 millones, debido a las marcas que se comercializaron sin rendir cuenta a las instituciones públicas.
Al menos 1,7 billones de cigarrillos ilícitos han sido consumidos en el primer semestre de 2019, lo que equivale al 25% del sector. Unas 67 marcas son comercializadas en el país, entre las cuales figuran Miller, Marine, Rumba, Ibiza, Malibu y Pacific, los cuales incumplen los permisos legales y la certificación sanitaria correspondiente del Ministerio para la Salud y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).
Comparado con 2018, el comercio ilícito de cigarrillos ha incrementado un 300%, propiciado por las actividades de contrabando y falsificación de estos productos, según expone una nota de prensa de Bigott.
La directora de Asuntos Corporativos de Cigarrera Bigott, Daniella Álvarez, explica que los cigarrillos ilícitos son aquellos que se producen y comercializan bajo una marca que no está registrada ni cuenta con los permisos gubernamentales para operar legalmente en Venezuela.
«Son producidos con materiales de baja calidad, su empaque no cuenta con las advertencias exigidas y su venta no está autorizada por el Ministerio de Salud, ni por la autoridad en materia de impuestos, los cuales no cancelan al fisco”, añadió.
Señala además que la mayor parte de estos productos son introducidos al país mediante contrabando. Generalmente provienen de países como Paraguay, Colombia, Uruguay, China, Corea del Sur, India, Emiratos Árabes y algunos países de la Unión Europea.
Por otra parte, investigaciones apuntan a que un 80% de los cigarrillos de contrabando ingresan a Venezuela por la frontera con Colombia. El restante entra al país directamente desde Aruba, Curazao y Brasil. Son recibidos en Bolívar, Falcón, Táchira o Zulia.
Debido a esta situación, Álvarez sostiene que las autoridades, las empresas privadas y demás actores del sector deben abordar posibles soluciones juntos.
“Abordamos y tratamos el tema de manera abierta y proactiva, tanto con representantes gubernamentales y reguladores como con actores de las cadenas de comercialización y el consumidor final. El asunto requiere una respuesta fuerte: industria, gobierno e instituciones de orden público trabajando juntos y con efectividad”, recalcó.
