Buena señal, por Teodoro Petkoff
Sorpresivamente el Parlamento se avino a aprobar en primera discusión la ley para la Comisión de la Verdad. Gobierno y oposición lo hicieron conjuntamente. Con cauteloso optimismo, pero optimismo en fin de cuentas, registramos el hecho. Esto ha abierto la posibilidad de que puedan ser realmente investigados los crímenes cometidos el 11 de abril por una comisión imparcial, dotada de independencia, autonomía y poder legal para actuar. Las organizaciones de Derechos Humanos habían condicionado su participación en una comisión de esa índole precisamente a que ella no fuera «platónica» sino que poseyera fuerza legal. TalCual respaldó esa postura, manteniendo una página permanente, además de la posición editorial, convencidos como estamos de que el esclarecimiento de los hechos de aquel día terrible y el castigo de los responsables son una condición sine qua non para poder avanzar hacia la reconciliación entre los venezolanos.
La necesidad de una investigación imparcial es más acuciante aún a la luz de lo que ha venido ocurriendo en la comisión del Parlamento que investiga los acontecimientos desde el ángulo político. Más allá de que esas interpelaciones (aun con los excesos) constituyen un ejercicio democrático realmente significativo, para un observador del común se hace visible la existencia de dos «verdades»: una del Gobierno y otra de sus adversarios. Si no entra en acción una comisión imparcial, los hechos van a quedar ahogados en un mar de confusión, transformados en «argumentos» politiqueros de un debate de baja estofa, que retroalimentará, con más fuerza aún, la polarización político-social existente. Confiemos, pues, en que la aprobación definitiva de la ley para la Comisión de la Verdad hará posible que los responsables de los crímenes puedan ser llevados ante los tribunales y que con ello se ponga punto final a esa horrible tradición venezolana de que los muertos en manifestaciones no los paga nadie -ni en términos políticos ni en términos penales.
II Ayer también la AN aprobó en primera discusión nueve proyectos de reforma de las leyes de la Habilitante. En otras palabras, el Parlamento, como producto de los cambios en la correlación de fuerzas (que a su vez reflejan los que han tenido lugar en la sociedad), está pasando a ser el escenario de una acción política que ojalá no sea abortada por otra estúpida acción golpista como la del 11A. A nadie conviene más el fortalecimiento del escenario parlamentario que a los partidos políticos, cuya capacidad de conducción está tan disminuida que hoy no son sino la pálida sombra de una movilización popular para la cual ellos bien poco han contado. Recuperar el protagonismo, expiando las culpas que los han llevado a esta precariedad, es una condición ineludible para que la solución de la crisis política que el país vive no quede en manos de aventureros
