Bolivia en la encrucijada, por Teodoro Petkoff
Realizado ya el referendo, en el cual el 85% de los votantes de Santa Cruz aprobaron el Estatuto Autonómico, una de sus consecuencias positivas podría ser la de forzar un nuevo periodo de conversaciones y negociaciones entre los dirigentes de las cuatro regiones «autonomistas» y el gobierno de Evo Morales. Prácticamente no existe otra opción a la negociación, si se descarta la guerra civil como «solución».
En una sociedad actualmente tan polarizada como la boliviana, agravado ello por las contradicciones regionales, que siempre han provocado tensiones en ese país, y por las de carácter étnico, que están en la raíz de los males que aquejan a Bolivia, ninguna de las partes está en condiciones de imponer su voluntad a la otra, como no sea por medio de violencia de alta intensidad. De modo que sentarse a discutir es lo más constructivo que puede hacerse hoy en aquel país.
Evo Morales y su gobierno no están en condiciones de imponerle al país una Constitución no aprobada por la Constituyente, producto de un madrugonazo en el cual sólo con los votos de su partido, MAS, en un local distinto al de la sede de la Asamblea Constituyente e impidiendo la entrada a la oposición, que cuenta con más de un tercio de los diputados. La reacción habida es elocuente al respecto. Por su parte, ni Santa Cruz ni los otros tres departamentos pueden materializar el manejo de las instituciones que pasarían a sus manos una vez aprobado el estatuto. La mayor parte de las instituciones que deberían asumir son de carácter nacional, comenzando por la de impuestos, y es obvio que el gobierno central no colaboraría en modo alguno para esa transferencia de atribuciones, puesto que el referendo se hizo contrariando su voluntad. (Vale la pena aclarar que el Estatuto Autonómico cruceño daría a la provincia un régimen semejante al del País Vasco en España. Sólo en asuntos de defensa nacional, moneda y relaciones exteriores, estaría subordinado al Estado nacional. De resto, sería un autogobierno cabal, que hasta manejaría y compartiría con éste los impuestos que hoy cobra el Estado nacional. En realidad, ni en Santa Cruz ni en Pando, Beni y Tarija ha sido planteada la separación del país.) Sin embargo, ya se sabe que estas dinámicas suelen ser movidas por el diablo. Una negativa del gobierno de Evo Morales a conciliar las legítimas aspiraciones justicieras sobre las que se sustentó su elección, con las exigencias democráticas de otros sectores, reacios a aceptar que la justicia social deba pagar el precio del autoritarismo y las limitaciones a la vida democrática, puede acentuar la conflictividad. Igualmente lo haría la pretensión de algunos sectores de mimetizar la defensa de sus privilegios económicos, sociales y raciales tras la sedicente defensa de la democracia, sin reconocer que con la llegada de Evo Morales a la presidencia se abrió un nueva etapa en la historia del país, que exige también una mente nueva para pensarla, porque hay demasiadas injusticias que remediar.
