Baño de sangre sindical, por Teodoro Petkoff
Entre junio de 2008 y agosto de 2010 han sido asesinados 122 sindicalistas en Venezuela. Una cifra escalofriante, cuya particularidad es que tales crímenes son producto de las luchas intersindicales, sobre todo en el sector construcción y en el petrolero. Por asombroso que parezca, la razón última de esta matanza se encuentra en la lucha por los puestos de trabajo. El desempleo, pues, subyace en este baño de sangre «sindical». Aunque no se trata de crímenes políticos, propiamente dichos, la responsabilidad general del gobierno es imposible de desestimar. En un estudio realizado por Provea y la Vicaría de Derechos Humanos, entre 1997 y 2007, cuando «sólo» se produjeron 52 asesinatos de sindicalistas, apenas 3 de ellos fueron investigados y sancionados sus autores. En los 122 casos habidos en los dos últimos años, el porcentaje de investigados, y sancionados sus autores, es aún menor. Es obvio que el Estado y el gobierno no cumplen con sus obligaciones. La impunidad sube de punto porque en el caso de los sindicalistas asesinados, tanto las escenas de los crímenes como los motivos y la naturaleza de las confrontaciones entre los «dirigentes sindicales» hacen mucho menos complicada la investigación y el reconocimiento de los autores al menos los que pagan a los sicarios– que en los episodios prácticamente anónimos de la hecatombe en los barrios populares, donde ya es evidente que la policía ni siquiera se toma la molestia de simular una investigación salvo que la víctima sea miembro de un cuerpo de seguridad en cuyo caso, la movilización policial da con los culpables casi de inmediato.
Es obvio, entonces, que la impunidad que cubre a los asesinos de sindicalistas se inscribe dentro del marco de la impunidad general existente en el país frente a toda clase de delitos, en particular los homicidios. Pero a la impunidad general habría que añadir otro factor específicamente sindical, cuya responsabilidad también atañe a las políticas oficiales hacia el sector laboral. Como señala Provea, no sin razón, la política oficial de estimular el «paralelismo sindical», es decir, la creación de sindicatos paralelos a aquellos ya existentes y cuyas directivas no pueden ganar electoralmente, tiene mucho que ver con la existencia de un clima verdaderamente mafioso en la confrontación intersindical. Los sindicatos paralelos a los antiguos tratan, y muchas veces logran, imponer su supremacía a tiros. En la industria de la construcción, la contratación colectiva impone al empleador solicitar del sindicato el 75% de los trabajadores que requiera, lo cual, como no es difícil entender, transforma a los sindicatos en verdaderas agencias de empleos. Más importante que la defensa de los intereses de sus agremiados es, para esos «sindicalistas», asegurarse el control de los cupos, por cada uno de los cuales reciben una «comisión» del trabajador que por esa vía logra una chamba.
Para remate, la debilidad general del movimiento sindical, cuya destrucción es uno de los objetivos de la chavocracia, impide que éste actúe autónomamente en la salvaguarda de un laboralismo clasista y serio, ajeno a las prácticas mafiosas y criminales.
