Bachelet reconoce esfuerzos de Perú para hacer frente a la migración venezolana
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, cuestionó que a pesar de los esfuerzos de Perú por proteger a los migrantes, hoy existen propuestas legislativas que ponen en peligro la posibilidad de los migrantes de alquilar espacios donde vivir. «La polarización se ha profundizado en los últimos meses y hay indicios preocupantes de que los movimientos antiderechos están ganando terreno»
Durante el cierre de su visita a Perú la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reconoció los esfuerzos hechos desde ese país para brindar atención a los refugiados y migrantes venezolanos.
Aseguró que los esfuerzos implementados desde la nación suramericana, que es el segundo país de acogida para esta población, con un total de 1,29 millones de venezolanos, son un “testimonio para el país y su gente que dieron un paso adelante para ayudar”.
Sin embargo, la alta comisionada manifestó su preocupación ante una reciente propuesta legislativa adoptada por el Congreso de Perú, que requeriría que las personas muestren un estatus migratorio regular para alquilar propiedades, y esto podría afectar a los más vulnerables, incluidos los niños”.
“Esta medida también podría afectar a los hombres y mujeres peruanos que alquilan sus casas y podría perder este ingreso de alquiler a menudo vital”, dijo Bachelet.
Señaló que gracias a esta visita ha podido “comprender mejor tanto los avances en materia de derechos humanos como los desafíos que enfrenta el país, su gente y sus instituciones”.
Durante su visita se reunió con el presidente, el vicepresidente, el ministro de Relaciones Exteriores y otros miembros del gabinete.
También tuvo reuniones con miembros del Congreso de diferentes partidos políticos y representantes del sistema de justicia, la sociedad civil, el sector privado, los pueblos indígenas y las víctimas de violaciones de derechos humanos. También me reuní con la institución nacional de derechos humanos y las autoridades electorales, y con miembros del Acuerdo Nacional, una plataforma para el diálogo.
Perú todavía se está recuperando de una pandemia de covid-19 que fue devastadora para su gente, lo que resultó en la tasa de mortalidad per cápita más alta del mundo. Más de uno de cada 20 personas que se confirmó que tenían la enfermedad murieron; en general, se han registrado unas 213,825 muertes. Al mismo tiempo, es alentador observar que actualmente el 84% de la población ha recibido su segunda dosis de una vacuna contra la covid-19.
La pandemia puso al descubierto las profundas divisiones socioeconómicas de la sociedad peruana, y sus efectos repercutirán durante años. La pandemia afectó especialmente a las zonas rurales, a las personas empobrecidas, así como a los grupos marginados y discriminados. “Las niñas y los niños están regresando gradualmente a la educación en persona después de casi dos años de cierre de sus escuelas, una situación que afectó particularmente a los niños de zonas remotas que no tienen acceso a Internet”, destacó.
“He planteado a todos mis interlocutores que las medidas de protección socioeconómica deben ampliarse y centrarse en generar mejoras tangibles para los más marginados. Apoyar la agricultura a pequeña escala y priorizar los esfuerzos para ayudar a las personas a salir del mercado laboral informal son formas claras de reconstruir mejor”, señaló la alta comisionada.
A su juicio, la polarización se ha ido profundizando en los últimos meses y hay indicios preocupantes de que un movimiento antiderechos está ganando terreno. Con las elecciones locales y regionales previstas para octubre, “me preocupa que el discurso de odio, la discriminación y la violencia puedan aumentar aún más”.
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