Autogolpe, por Teodoro Petkoff
Estado de excepción por qué y para qué? Por más que nos devanamos los sesos no podemos encontrar explicación a esta última novedad puesta en órbita por el presidente. De acuerdo con el librito azul de Hugo, el estado de excepción está previsto (artículo 337) en «circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de los ciudadanos» y «a cuyo respecto resulten insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos». El profesor Escarrá, encargado por el presidente para estudiar el asunto, ha dicho que se trataría de utilizar ese «estado de excepción» para dictar medidas extraordinarias con el fin de combatir la pobreza y la corrupción. Esto es absurdo. ¿Qué tipo de medidas extraordinarias podrían tomarse para enfrentar un problema como el de la pobreza, que no hayan podido y debido ser puestas en práctica en estos dos años largos? ¿Es que promulgaría decretos con más velocidad de la morrocoyuna que ha utilizado para sacar las leyes de la Habilitante? ¿El estado de excepción le permitiría superar de golpe y porrazo la incompetencia bíblica de sus ministros, para que al fin entre la mocha de aquella chucuta sobremarcha, ya olvidada? ¿Se necesita un «estado de excepción» para que los planes de empleo funcionen (ya van ocho y ninguno ha servido para un carajo)? ¿Qué cosa podría hacer con el «estado de excepción» que no haya podido hacer en estos dos años para transformar a los «niños de la calle» en «niños de la patria»? ¿Necesita Hugo del «estado de excepción» para reconstruir Vargas?
En materia de corrupción, que no sólo al presidente sino a todos nos tiene hasta la coronilla, ¿para qué le serviría el «estado de excepción»? ¿Lo necesita, acaso, para destituir y someter a juicio a los oficiales involucrados en chanchullos en el Plan Billuyo? ¿Es necesario un «estado de excepción» para llevar a juicio a los saqueadores del FUS? El librito azul de Hugo establece (artículo 337) que la declaratoria del «estado de excepción» permite restringir las garantías, «salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos intangibles». Esto significa que los acusados de corrupción, por ejemplo, no podrían ser condenados sin el «debido proceso». ¿Qué medidas extraordinarias podrían tomarse que no hayan sido posibles en estos dos años? ¿Por qué entonces toda esta faramalla? ¿Necesita más poder quien los tiene todos? La Asamblea Nacional está arrodillada ante él. El tribunal supremo de justicia se adelanta a sus deseos. El Poder Ciudadano, salvo los arrestos un tanto autónomos de Isaías, más servil no puede ser. Del Poder Electoral, ni se diga. La FAN le obedece. ¿Qué más poder puede concentrar?
La jugada tiene, sin embargo, una lógica; la de la desesperación. A pesar de todo ese enorme poder, nada funciona bien y los problemas sepultan el optimismo oficial. Enroque tras enroque en el line-up gubernamental son elocuente demostración de fracaso. Exhumar el cadáver del MBR-200, se ha revelado, al cabo de unos días, como una operación errática, sin propósito definido, como no haya sido el de expresar la insatisfacción del propio presidente con el MVR y permitir la resurrección de un Pablo Medina más delirante que nunca. De resto, golpes a su propia cara. Autogolpes. Hugo comentaba en estos días la novela de Gabo sobre Bolívar en sus últimos días, El general en su laberinto. Laberinto el del comandante.
