Asalto al TSJ, por Teodoro Petkoff
Ayer el oficialismo introdujo un proyecto de Ley del Tribunal Supremo de Justicia cuya “gracia” consiste en aumentar el número de magistrados de los 20 que hoy son a 30. Es decir se legisla no para establecer las normas generales que deben regir la existencia, conformación y funcionamiento de la máxima instancia judicial de la República, sino para resolver un problema coyuntural: darle al gobierno una cómoda mayoría en el tribunal, habida cuenta de que la que tenía anteriormente ha sido sensiblemente alterada por las contingencias políticas que viene viviendo el país.
Lo que el oficialismo pretende hacer con el TSJ es tan burdo que sólo podría cuajar mediante el uso absolutamente abusivo y prepotente de su precaria mayoría parlamentaria y el más absoluto desprecio por la opinión pública. Abiertamente, sin la más mínima preocupación por cubrir las formas, el gobierno aspira a subordinar el TSJ, con la rienda muy corta, a sus designios designios e intereses. Es obvio que si la ley fuere aprobada, los diez magistrados adicionales serán escrupulosamente seleccionados entre un elenco de perritos falderos, de modo tal que cualquier veleidad de independencia en el alto tribunal pueda ser fácilmente asfixiada por “la banda de los diez”, que vendría a reforzar el line up de los magistrados que ya atienden sin vacilaciones la más mínima picada de ojos que les hagan desde Miraflores. Se supone que los candidatos a magistrados deben ser presentados ante un Comité de Postulaciones, que hace una primera selección, para que finalmente, en el parlamento, por mayoría simple, sean elegidos los miembros adicionales. Fracasada la torpe maniobra de investigar y destituir a los magistrados disidentes de la línea oficial, el gobierno apela ahora a esta desvergonzada operación de abordaje, contando para ello con su dócil mayoría en la Asamblea Nacional.
El TSJ está integrado por seis salas, cinco de las cuales poseen tres miembros cada una (Político-administrativa, Electoral, Civil, Penal y Social) y una, la Constitucional, que cuenta con cinco magistrados. Seguramente en el “nuevo” TSJ cada sala contaría con cinco miembros. Por supuesto que no existe ninguna razón, distinta a la del control político sobre el tribunal, que explique esta súbita preocupación por aumentar el número de sus integrantes.
Cuatro años después, la “Revolución”, que no puede presentar un solo hecho real que la justifique, ahogada en su propia charlatanería y en su ineficiencia, intenta enfrentar el derrumbe de las alianzas políticas que inicialmente construyó, así como la progresiva pérdida de respaldo popular, apelando a la acentuación del autoritarismo y a la expansión de los mecanismos de control burocrático y represivo del aparato del Estado.
