Arreaza reporta 177 excarcelaciones por Amnistía entre denuncias de trabas judiciales
El diputado de la AN Jorge Arreaza, quien preside la comisión encargada de ejecutar la Ley de Amnistía, informó que la instancia ha recibido más de 3.000 solicitudes
El diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria encargada de ejecutar la Ley de Amnistía, informó que tras la aprobación de la norma, se han materializado 177 excarcelaciones y se han otorgado 2.021 libertades plenas a ciudadanos que se encontraban bajo regímenes de presentación.
Durante un encuentro en Miraflores, Arreaza detalló que la comisión ha recibido más de 3.000 solicitudes y que el objetivo de la ley es la «convivencia democrática». Sin embargo, las cifras oficiales contrastan con el monitoreo independiente: la ONG Foro Penal reporta al menos 65 liberaciones específicas desde la sanción de la ley el pasado jueves, dentro de un universo de 464 excarcelaciones verificadas desde principios de enero.
Pese al optimismo oficial, la implementación de la ley enfrenta obstáculos en la práctica judicial. El diputado opositor Antonio Ecarri, miembro de la misma comisión, denunció que solicitará investigar a jueces que retrasen el proceso, tras reportes de que tribunales con competencia en terrorismo se negaron este lunes a recibir solicitudes vinculadas a la amnistía.
El panorama para los detenidos por causas políticas sigue siendo incierto. Foro Penal estima que al menos 400 presos políticos podrían quedar fuera del beneficio por la tipificación de sus delitos.
*Lea también: Abogado Joel García denuncia parálisis en tribunales para aplicar Ley de Amnistía
La organización contabiliza más de 600 personas que aún permanecen tras las rejas por motivos políticos, a pesar de que el Ejecutivo insiste en negar la existencia de esta categoría de detenidos.
Mientras el Gobierno suma libertades plenas y medidas cautelares, las ONG aclaran que la mayoría de las «excarcelaciones» no implican libertad absoluta, sino cambios a medidas restrictivas como prohibición de salida del país.
El abogado y defensor de derechos humanos Joel García denunció este lunes irregularidades en el inicio del proceso de solicitudes de sobreseimiento amparadas en la reciente Ley de Amnistía. A través de su cuenta en la red social X, señaló que existe una «parálisis operativa» en las sedes judiciales que impide el ejercicio de este derecho legal.
García indicó que, a pesar de lo establecido en la norma aprobada el pasado 19 de febrero, los tribunales mantienen una inactividad que bloquea el avance de las causas. Esta denuncia surge pocos días después de la entrada en vigencia de la ley, la cual ha sido objeto de críticas por parte de diversas organizaciones debido a sus limitaciones y exclusiones.
La comisión de Arreaza aseguró que revisará casos «no contemplados» en la normativa original a través del Programa para la convivencia y la paz, en un intento por dar respuesta a las más de 3.000 peticiones que siguen llegando a los despachos parlamentarios.
Delcy Rodríguez tras lo dicho por Arreaza
Sobre la amnistía, Delcy Rodríguez, encargada del Ejecutivo, dijo que algunos sectores están haciendo una lectura «incorrecta» de lo que ocurre en el país con la norma. Denunció supuestos planes de personas en Estados Unidos y Europa para «perturbar» el proceso.
«Sectores están dando una lectura incorrecta de la ley de amnistía y del programa de convivencia. Ya tienen planes y en su debida oportunidad los voy a mostrar al país para que se sepan quiénes, desde un lujoso hotel en los Estados Unidos o en Europa, pretenden descarrilar este proceso», dijo en un encuentro con «víctimas de la violencia política» en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas.
No dio el nombre de las personas que estarían conspirando contra la norma, pero insistió en que los supuestos sectores buscan «perturbar» la «tranquilidad» en Venezuela y están midiendo el proceso desde una «derrota política partidista».
«Y ahí sí yo digo: no repetición. Y ahí sí yo llamo a una justicia genuina y verdadera porque ya basta, ya basta. Este proceso (…) hay que cuidarlo», continuó.
El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
