Apelarán condena de 16 años de cárcel a los 6 sindicalistas
Tras la detención de los sindicalistas, expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) consideraron que Venezuela hace un «abuso crónico» de leyes antiterroristas «contra quienes defienden los derechos de los trabajadores». Los seis activistas fueron arrestados en julio de 2022, durante unas manifestaciones en las que exigían aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales del sector público
Este jueves 24 de agosto, un grupo de manifestantes exigió la libertad de seis sindicalistas que fueron condenados a 16 años de prisión tras ser acusados de «conspiración».
La sentencia emitida el pasado 1 de agosto contra Reynaldo Cortés, Alfonzo Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín será apelada «próximamente», informó a la prensa Yorbelis Oropeza, esposa de uno de los detenidos, durante la manifestación frente a la sede principal del Ministerio Público, en Caracas.
«Solicitamos cesar los procedimientos judiciales» que buscan «coartar la libertad sindical, incluido el sometimiento de civiles a la justicia militar», expresó Oropeza al leer un documento entregado a la Fiscalía.
El texto pide «la liberación inmediata de todos los defensores y defensoras de derechos laborales que permanezcan detenidos por ejercer la actividad sindical».
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Los seis activistas fueron arrestados en julio de 2022, cuando el país vivía manifestaciones en exigencia de aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales del sector público. Se les enjuició por «conspiración» y «asociación para delinquir».
Por su parte, el fiscal designado por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, defendió el procedimiento judicial: «¿Por qué ponerle el ropaje de líderes sindicales a personas que fueron detenidas por labores conspirativas?». Asimismo, vinculó a los condenados con «un militar desertor, prófugo, en Colombia», Ángelo Heredia, un capitán de la Guardia Nacional quien se fugó en 2019 de una prisión militar, donde estaba detenido desde 2017 por rebelión.
A raíz del caso, expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) consideraron que Venezuela hace un «abuso crónico» de leyes antiterroristas «contra quienes defienden los derechos de los trabajadores». El gobierno de Nicolás Maduro, en un comunicado divulgado por el canciller Yván Gil, tildó de «irresponsables» esas afirmaciones.
El documento difundido este jueves por familiares de los condenados y activistas llama a investigar asesinatos de dirigentes sindicales y amenazas.
Dos sindicalistas fueron asesinados en 2022 de acuerdo con la oenegé de derechos humanos Provea, que documentó 44 muertes de defensores de derechos laborales entre 2015 y 2020.
